Contracorriente

Anaya o Meade y AMLO

El columnista señala que la elección actual es entre Andrés Manuel López Obrador y ya sea Anaya o Meade y el rumbo que tomarán.

La elección presidencial será entre Ricardo Anaya o José Antonio Meade; da lo mismo, los dos creen en la integración a Norteamérica como vía "modernizadora" al desarrollo del país. Por otro proyecto compite Andrés Manuel López Obrador, quien promete la "cuarta revolución" mexicana que, según se desprende de sus dichos, consistiría en "separar el poder económico del poder político".

Quienes seguirían en caballo de hacienda en caso de llegar al Poder Ejecutivo serían los candidatos del PRI y del PAN. Su proyecto es continuar por la trayectoria neoliberal que lleva el país desde hace 30 años con altos costos en soberanía, en desprestigio institucional y en la zozobra de una sociedad que se siente desamparada ante la inseguridad delincuencial, la precariedad del empleo y de los salarios, y la pérdida de otras muchas certezas.

El escenario del candidato de Morena como presidente lo complican buenas y malas causas. Por un lado tendría contrapesos institucionales, igual que Anaya o Meade, como son el Congreso plural, una Corte y un Banco de México independientes, gobernadores de otros partidos, televisoras, radiodifusoras y prensa que ejercen la crítica con amplia libertad. Ojalá sirvan mejor de lo que han servido hasta ahora para restringir tentaciones autoritarias, decisiones equivocadas y la corrupción.

En el mismo escenario institucional estará presente la oposición de muy diversos poderes fácticos; a un sector de ellos lo identificó López Obrador con los nombres de cinco grandes capitanes empresariales, que poseerían una riqueza equivalente al 9 por ciento del PIB, proporción similar a la que se reparte entre otros 20 millones de mexicanos. Su poder económico lo utilizan como enorme peso político.

La relación entre poder económico y poder político viene de muy atrás en la historia de México. Lo que ha cambiado en la actualidad es que ahora predomina el poder económico, al grado en que su influencia en las tareas sustantivas del Estado, tanto legislativas como ejecutivas, es mayor que la del interés general del país.

Por eso no tenemos un Estado que en vez de otorgar privilegios protegiera el bien común, la legalidad, que fomentara las inversiones sin distingos con regulaciones, servicios e infraestructura adecuadas a cada sector, región y tamaño de empresas.

Lo que no ha dicho AMLO es cómo enfrentaría a la oposición de algunos empresarios a perder privilegios. Asegura que sería dentro de la ley pero entre sus cercanos, como Paco Ignacio Taibo II, hay quienes estarían por la confrontación, lo que llevaría al país a un desastre económico y político.

La vía de la negociación es la única razonable, la única posible, aunque entraña el riesgo de que en las ineludibles concesiones, el Estado no recupere a cabalidad la dimensión social y económica que le es sustancial.

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