Opinión

Guerra por la Fiscalía

 
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Hombre

En semanas recientes hemos presenciado una confrontación por debajo de la mesa por el polémico tema de la designación del nuevo fiscal general de la República. Los ataques a Ricardo Anaya, que él mismo ha asociado a su enérgica negativa a aceptar el pase automático del actual procurador, además de rechazos, cabildeos, movimientos del senado panista en búsqueda de acuerdos con el PRI, han colocado el tema como la auténtica joya del pastel. Hasta el debate por las candidaturas de ambos partidos se ha subordinado al acalorado enfrentamiento.

¿Qué significa el cargo y por qué la persona es tan relevante? Esencialmente porque permanecerá en el puesto por nueve años –un sexenio y medio–. Será la cabeza del aparato de procuración de justicia, investigación, presentación de cargos, integración de expedientes, procesos completos de investigación de delitos. Pero sobre todo, además de todas esas responsabilidades que probablemente comparta con el actual procurador y sus antecesores, no tendrá jefe alguno más que el pueblo de México. Por primera vez en la historia, así como sucedió cuando la autoridad electoral se constituyó por ley en un órgano independiente, ajeno a los vaivenes de la política
–eso pensábamos– o por lo menos a las autoridades del gobierno en turno, el jefe de la justicia –figura británica chief justice– será independiente.

No es un tema menor. El jaloneo radica en cuidarse las espaldas. La actual administración y el presidente de la República pretenden, como herencia transexenal, designar al responsable de entre sus filas en la ingenua presunción de que jamás abrirá una investigación en contra de funcionarios de este gobierno.

No conozco a Raúl Cervantes, no he estado en un evento con él ni tenido la oportunidad de escucharlo en persona. Todas las referencias que recabo de su persona en el Legislativo o incluso en el mundo litigante privado, lo señalan como un jurista capaz, hábil, preparado, con habilidades y competencias sobradas para ejercer el cargo. Sólo tiene un problema: es priista.

José Woldenberg –el admirado personaje a quien hoy incluso le ofrecen candidaturas presidenciales, un académico sólido y baluarte incuestionable del primer IFE de nuestra historia– no militó ni entonces ni ahora en ningún partido. No lo hicieron Jacqueline Peschard o el recordado Alonso Lujambio. Después hicieron carrera por otros caminos y servicios, pero en esencia provenían de la academia.

Es imposible, frente a las desconfianzas mexicanas –abundantes y justificadas– construir un nuevo organismo sobre la base de la sospecha. No es viable para el fortalecimiento de la democracia, de los poderes independientes, de las reformas tan costosamente alcanzadas, dejar un 'detallito' para que cuide los expedientes y las averiguaciones.

El nuevo fiscal debe ser impoluto, debe provenir del ejercicio privado, de la academia, debe ser un jurista a toda prueba, sin liga alguna a grupo o partido político. No puede debutar un militante, cuya visión y prisma de los hechos se encuentre matizada por la preferencia política o partidista.

Sí tenemos esos hombres en México. Sí hay hombres de derecho que, para fortuna de su carrera y de su prestigio, nunca han militado en ninguna organización. Busquemos en la Barra, en la academia, en la Universidad, pero no permitamos una herencia de un partido y un gobierno que lastime y manche, por casi una década, el arranque de una nueva institución.

Hoy el INE paga los pecados de la partidocracia y el propio INAI tiene sus cuotas de colores y emblemas. La historia demuestra que los partidos políticos no pueden ser dueños de la realidad, de las instituciones y, para nuestra desgracia, mucho menos del presupuesto. La naturaleza de los partidos es alcanzar y permanecer en el poder, no modificar las instituciones: el PAN no lo hizo con 12 años de gobierno; el PRI fracasó en su 'Mover a México' de última generación; el PRD fue un desastre en la Ciudad de México, que se repartió por tribus y predios. Morena no ha tenido aún la oportunidad, pero no promete un comportamiento distinto de los partidos existentes si juzgamos su reciente proceso de selección de candidato a la Ciudad de México.

Tal vez exista un día –me reservo con incredulidad– donde los senadores y diputados actuarán en conciencia histórica y nacional, en vez de responder a los intereses partidarios. Pero si tienen una oportunidad para comprobarlo, señores y señoras legisladores, es ahora. No pueden aprobar a Raúl Cervantes como fiscal general. No pueden aprobar a un panista, perredista, morenista o de cualquiera otra organización.

Propongamos independientes, auténticos funcionarios que servirán a la nación, no extensiones vergonzantes de una administración o un partido.

Llegó el momento de ser serios y comportarse a la altura de la historia. ¿Podrán? 

Twitter: @LKourchenko

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