Opinión

Guanajuato, fraudes legales

 
1
 

  

mmm

Cuando dejó su empleo en la Procuraduría Agraria en 2012, el ciudadano Santiago Germán Bordes tenía, según su declaración patrimonial, apenas ocho mil 600 pesos en el banco y ningún inmueble a su nombre; tres años después, ya era dueño de 58 hectáreas con valor de 55 millones de pesos.

Por increíble que parezca, su enriquecimiento lo logró tras convertirse en ejidatario. O mejor dicho, al volverse campesino.

Con ese camuflaje, Germán Bordes compró decenas de hectáreas que luego vendió a una empresa en la que es miembro del Consejo de Administración, la cual a su vez las revendió al gobierno de Guanajuato, que las obsequió a la trasnacional japonesa Toyota.

Con el auxilio de un empleado que también simuló ser campesino convenció, e incluso presionó, a ejidatarios de que les vendieran sus tierras a precios muy bajos, las cuales luego revendieron al gobierno guanajuatense hasta 42 veces más caras.

Estos “campesinos”, a quienes los ejidatarios apodaron como Los Güeros, colaboran en una empresa que fungió como intermediaria en la adquisición de 294 hectáreas en una comunidad ubicada en los límites de Guanajuato con Querétaro, donde Toyota proyecta instalar una planta armadora de autos.

La intermediaria compró los terrenos a precios diferenciados, pero siempre muy bajos. El menor precio fue en una parcela de 6.6 hectáreas, en donde pagó dos pesos con 36 centavos por metro cuadrado, y un mes después la revendió al gobierno en 148 pesos el metro cuadrado.

Así comienza la investigación de Valeria Durán y Raúl Olmos, reporteros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quienes desnudan el esquema mediante el cual exfuncionarios y empresarios se hicieron de tierras –mayormente ejidales– que posteriormente venderían a un gobierno que no reparó en pagar un sobreprecio por un total de 290 millones de pesos.

Luego de que los periodistas dieran a conocer este jueves un adelanto de esta investigación, el gobernador de Guanajuato se deslindó de la polémica (también alimentada por la publicación –también ayer– de una denuncia sobre la misma operación en el diario Reforma).

Miguel Márquez, mandatario panista de Guanajuato, ha reaccionado de la peor manera ante lo documentado por los reporteros.

El gobernador parece no haber aprendido la lección del domingo, cuando los electores de diversos estados apalearon en las urnas a políticos que consistentemente minimizaron, o de plano ignoraron, múltiples reportes periodísticos sobre escándalos de corrupción, lo mismo en Chihuahua que en Quintana Roo sin faltar, por supuesto, Veracruz.

Márquez, quien se supone que tiene aspiraciones presidenciales –ya ven que lo de hoy es decir que uno sueña con la silla del águila–, no puede evadir los hechos, y lo menos que se esperaría de él es que promoviera una investigación, real y creíble, de lo que han denunciado los reporteros.

Uno creería que el gobernante panista y sus asesores habrían tomado nota de que negar una denuncia antes de siquiera investigarla, como hizo hace semanas Javier Duarte con el reportaje sobre una red de empresas fachada que se chuparon 645 millones en contratos, es un mal negocio porque puede llegar otra autoridad, en el caso veracruzano el mismísimo Servicio de Administración Tributaria (SAT), a contradecir la versión estatal de que no había nada que revisar. Comportamientos a la Márquez alimentan entre la ciudadanía la certidumbre de que las autoridades, de una u otra forma, son parte de esquemas de fraudes legales, de operaciones que cumplen formalmente con las normas, al tiempo que violan el espíritu de la ley; que no están para defender a los ciudadanos, sino a quienes montan esquemas 'legales' de defraudación.

Twitter: @SalCamarena

También te puede interesar:
Derechos LGBT, que EPN no se quede solo
​El PAN y el síndrome Bernie Sanders
Ricardo Monreal y su regaño perfecto