Opinión

Grave parálisis en leyes de Propiedad Intelectual

 
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Justicia. (Cuartoscuro)

De la inicial conveniencia de actualizar nuestra legislación de propiedad intelectual, que se detectaba a mediados de la década pasada, y de la subsecuente necesidad de hacerlo, hemos ya transitado a la urgencia de reformar nuestro sistema de protección de signos distintivos, indicaciones geográficas, invenciones y secretos industriales, que acusa fallas, lagunas y limitaciones en todas las figuras y ámbitos.

En particular, en el tema de la regulación orientada a la observancia de derechos, la situación es alarmante por el nivel de contradicciones e ineficacia de las propias bases que sustentan el sistema, y que está conduciendo a trasladar presiones injustificadas a áreas penales y civiles, sacando de proporción las controversias.

Una de las fuentes de conflicto que no encuentran ya justificación luego de varias décadas de seguir generando confrontaciones es el sistema de reservas que administra Indautor para ciertos tipos de signos distintivos de grupos musicales, títulos de periódicos y programas de radio y televisión, que permanentemente se superpone al régimen de protección de marcas que gobierna el Impi. Resulta inexplicable que el poder legislativo no pueda remediar este entuerto que es fuente de inseguridad jurídica en áreas muy sensibles de la producción cultural.

Otro grave problema deriva de la desproporcionada indemnización que la ley contempla para casos de violaciones de derechos, calculada como de un mínimo de 40% del valor de las ventas del producto o servicio infractor. En el caso particular de casos de derechos de autor, en que la demanda civil de daños y perjuicios no requiere de una resolución previa de carácter administrativo, el número de casos que empiezan a tener características similares a una extorsión está creciendo de manera alarmante, como un factor de grave riesgo para la actividad empresarial.

En la parte penal, la situación imperante no es mejor, marcada por una serie de reglas que no hacen sentido unas con otras, y que en aras de presuntas sanciones ejemplificativas han convertido al sistema represor en un aparato de intimidación que nada hace en realidad por la disuasión de conductas lesivas; la aplicación de la ley penal en la materia permite presionar con graves sanciones privativas de la libertad a empresarios que cometen errores comunes en el área empresarial, y en cambio, muestran una ineficacia notable cuando se pretende aplicar en contra de grupos delictivos. Una vez más, la indiferencia del poder legislativo es inaceptable.

A estar fallas sistémicas hay que añadir, entre otras, reformas que se han venido apilando a lo largo del tiempo, en temas esenciales como la inclusión de patentes de modelos de negocio, la regulación de indicaciones geográficas, competencia desleal, la incorporación de marcas sonoras y dinámicas, y muchas más que adquieren carácter de urgentes para la modernización del sistema. Veinte años de no tocar el sistema nos ha llevado a la obsolescencia y la disfunción.

Ahora, la apuesta pareciera dirigirse a la firma y aplicación del Transpacific Partnership Agreement, que promete aportar reglas nuevas en materia de Propiedad Intelectual, y a cuyo influjo estamos sometiendo, desde hace ya varios años, las decisiones y los cambios. Mucho me temo, sin embargo, que las áreas de influencia de ese tratado serán especìficas, con lo que la demora no tendrá justificación alguna.

Twitter:@JalifeCaballero

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