Opinión

Google; histórica resolución de protección de datos

La resolución dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 13 de mayo, que ordena a la filial de Google en España retirar resultados de búsqueda a petición de cualquier persona si éstos conducen a sitios de Internet que los contienen -de mantenerse en la instancia final de revisión judicial-, promete generar un giro sustancial en la forma en que los motores de búsqueda y los editores de contenidos en la red han operado a lo largo de los años; y esa modificación, está más que claro, podría traducirse en la más importante restricción que Internet ha enfrentado a lo largo de su historia.

Ni siquiera el revés asestado al proyecto Google Book, que pretendía subir en línea millones de libros descatalogados, y que fue descarrilado al chocar de frente con los impedimentos de la regulación de “copyright”, representa un golpe tan fuerte a las bases del sistema de operación de la mayor empresa de Internet.

El asunto del Tribunal inicia en 1998 con una reclamación menor de parte de un ciudadano español de nombre Mario Costeja, cuyos datos relacionados a un embargo seguían apareciendo en la versión en línea del periódico La Vanguardia, cuando su nombre se buscaba a través de Google. Ante la negativa de la gigante de Internet para borrar sus datos, Costeja escaló la reclamación a la Agencia de Protección de Datos Personales (el IFAI español), resultando procedente la queja; ahora, el Tribunal Europeo ha desestimado los argumentos de Google presentados en la apelación, sosteniendo que ese tipo de motores de búsqueda sí procesan la información, dado que recuperan, extraen y organizan datos, facilitando el acceso a los usuarios por medio de listas de resultados. Con este criterio, el viejo argumento que había defendido a los buscadores en el sentido de que no hacían sino enlazar a contenidos publicados por otros, finalmente cae por tierra.

Esta controversia materializa la posición encontrada que suelen manifestar el derecho a la intimidad frente al derecho a la información y la libertad de expresión, que la sentencia del Tribunal pretende balancear estableciendo que los únicos casos en que los datos no pueden ser borrados es cuando se trate de figuras públicas o el acceso a la información esté justificado por el interés social. La calificación de Google a la resolución como “decepcionante” hace prever que de la misma pudieran derivarse consecuencias que en este momento no es posible precisar.

Otro de los ángulos que abren espacio para la controversia en el tema, es la reacción que la sentencia tendrá en Estados Unidos y el apoyo que sus tribunales concederán a la determinación europea, ya que si la restricción alcanza únicamente a las filiales de Google en aquel continente, quedaría la opción de acogerse a los beneficios de una operación extrafronteriza desde servidores en otras jurisdicciones. Nuevos tratados internacionales que establezcan canales de colaboración para hacer valer este tipo de resoluciones –que en el pasado habían sido desechados-, actualizan su agenda para una discusión inminente.

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