Opinión

Gobernadores

Aunque nuestra historia no es parca en horrores, las recientes matanzas en Tlatlaya e Iguala, y las abundantes fosas clandestinas parecen apuntar a un momento de decisión. Aunque hay quien quiere transformar los eventos en un tema de política nacional, lo que evidentemente no funciona bien son los gobiernos locales. En Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, por ejemplo, no pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos, es decir, no gobiernan. En Coahuila se endeudó al gobierno estatal a extremos absurdos, pero Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, Nayarit y Sonora deben hoy más de lo que reciben de participaciones federales, que es casi su único ingreso.

México dice ser una República Federal, pero los gobiernos locales tienen más parecido con los de un gobierno unitario, o central: casi no recaudan y no ofrecen seguridad, características indispensables de un gobierno. Durante el viejo régimen tampoco lo hacían, pero el gobierno central cubría esas obligaciones. En particular, la seguridad y justicia se aplicaban mediante estructuras verticales de intermediarios. Por eso la idea generalizada de que los criminales trabajaban para los políticos.

En ese régimen, la ley era irrelevante, porque las decisiones se tomaban a través de esas estructuras de poder. Si acaso, servía como excusa, en la parte baja de la pirámide, para extraer dádivas. Era un régimen autoritario, y no necesitaba de la ley. En 1997, ese régimen se derrumbó, y tuvimos que aplicar leyes que tal vez nunca tuvieron sentido, pero menos en ese fin de siglo. Con muchas dificultades hemos ido tapando agujeros.

Pero este camino parece que no va a funcionar. Se reprodujo en los estados el autoritarismo que antes se vivía a nivel nacional, pero sin las estructuras a que me he referido. Los gobernadores pueden ser atrabiliarios, pero no tienen el control del Estado ni la capacidad de gobernar. No son la pieza central de un sistema político, como ocurría con el presidente en el viejo régimen. Y no son autoridades de gobiernos soberanos, porque no pueden cumplir las dos condiciones mínimas para ello: cobrar impuestos y garantizar seguridad.

Los gobernadores iniciaron su “independencia” con el desplante de Roberto Madrazo en 1995, que amenazó con separar a Tabasco de la Federación si Zedillo insistía en su renuncia. Con el fin del régimen, en 1997, el presidente dejó de ser jefe de los gobernadores. En 1998 se formalizó la distribución de recursos a las entidades vía presupuesto, a través del Congreso y no del Ejecutivo. Desde entonces, no hacen caso de nada. Y, reitero, no gobiernan.

Cuando un gobernador es claramente incapaz, como ha ocurrido en Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, o más recientemente Guerrero, no hay nada qué hacer. El único instrumento que existe es la desaparición de poderes, que es una medida extrema y por lo mismo muy difícil de usar. Ya se vio en estos días.

El camino al verdadero Estado de derecho pasa por una mejor definición del poder nacional y los locales. En realidad, sólo hemos sido federales en los hechos durante las últimas dos décadas, y no parece servir. Exploremos alternativas y corrijamos. Hagamos responsables a los políticos y los funcionarios, empezando ahí. Ya.

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