Opinión

Gobernadores sin límite

 
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La estrategia petrolera de Arabia Saudita

La desaparición del presidencialismo absoluto a finales de los 90 dio como resultado el traslado del poder a los gobernadores de las distintas entidades federativas. En lugar de pactar un nuevo acuerdo federal para redistribuir facultades y responsabilidades, la clase política mantuvo el viejo esquema quitándole poder al presidente y entregándoselo a los gobernadores. Este poder político fue acompañado de enormes recursos económicos asignados a través del Congreso, donde los diputados se convirtieron en los gestores directos de los mandatarios estatales, y con ello se hicieron de miles de millones de pesos de los cuales no tuvieron que rendir cuentas prácticamente ante nadie.

Durante los sexenios de Fox y Calderón, cuando la bonanza de producción y precios del petróleo daba para llenar con carretadas de pesos las arcas de los gobernadores, estos se sirvieron con la cuchara grande, sin que hubiese un efecto positivo en crecimiento o inversión en los estados. De hecho la creciente tendencia a un mayor gasto corriente, y el incremento de la corrupción a partir de la mayor o menor honestidad del gobernador en turno, provocaron la dilapidación de los recursos petroleros durante la primera década de este siglo. De esta manera los mandatarios estatales se convirtieron en los factores políticos más poderosos e incluso uno de ellos ganó la presidencia en el 2012.

Pero el sistema no da para más, la caída en los ingresos petroleros y los escándalos de corrupción han generado una protesta social cada vez más agresiva, revitalizada por un enojo ciudadano producto de la creciente inseguridad que disminuye aún más la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. La promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios pretende reducir la capacidad de los gobernadores únicamente para contratar deuda, lo que ya es un avance dada la voracidad de algunos de estos políticos insaciables. Falta ahora establecer dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) los mecanismos adecuados para que las participaciones federales sean auditables de forma efectiva.

Y es que el dinero que se les entrega a los virreyes estatales, autorizado por el Congreso federal y proporcionado por la Secretaría de Hacienda, es prácticamente un cheque al portador cuyos fondos no tienen que ser justificados ante nadie. Los requisitos que establece la ley y que la Auditoría Superior de la Federación investiga y reporta año con año producen, en el mejor de los casos, un fuerte regaño al niño mal portado que se quedó con el dinero que su padre le entregó para el gasto familiar y utilizó para su consumo propio. Los Congresos de los estados que deberían supervisar una parte de ese gasto, son copartícipes de la danza de los millones a costa del bienestar de los ciudadanos. El saqueo como sistema y como complicidad.

Este círculo vicioso de gobernadores que ejercen el poder económico y político sin límite alguno, y que hoy deja de ser viable entre otros factores por la reducción presupuestal producto de la caída en los precios y la producción petrolera, requiere ser eliminado a través de incentivos que reduzcan significativamente la fuerza de los virreyes y los obligue entre otras cosas a cobrar impuestos locales que les cuesten en términos de popularidad y presencia en su propio estado. Si la transición democrática mexicana obligó al Ejecutivo federal a ceder poder, es hora de que se haga lo mismo con los gobernadores para crear un nuevo pacto federal con equilibrios operativos, rendición de cuentas y transparencias. Lo contrario sería sólo mantener las apariencias y seguir dilapidando recursos de una sociedad mayoritariamente pobre y sin expectativas de ascenso social. Esa es nuestra realidad.

Twitter: @ezshabot

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