Opinión

Gobernación
y los contenidos

Gran punto el de Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, al afirmar que una virtud de la iniciativa de ley de telecomunicaciones es que los atributos relacionados a los contenidos quedan bajo la administración del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, y no bajo la supervisión del Instituto Federal de las Telecomunicaciones.

¿Por qué gran punto? Porque, según Gerardo, la ciudadanía y las empresas tendrán varios instrumentos jurídicos en caso de que la autoridad quiera, por ejemplo, ejercer acción contra la libertad de expresión. Si eso ocurriera, la ciudanía sí tendrá el recurso del amparo y la suspensión frente al Ejecutivo. Pero por el contrario, si estas atribuciones quedaran en el IFT —como demandan algunos—, estos recursos legales no estarían a la mano del ciudadano.

Gerardo lo ve desde el estricto ámbito jurídico, y es adecuado. No obstante, hay otras dimensiones bajo las cuales resulta óptimo que las atribuciones sobre los contenidos queden bajo la tutela del Ejecutivo y no bajo la supervisión del IFT. Veamos.

La Fracción III del Art. 218 establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación: “Ordenar la transmisión de los boletines de cualquier autoridad relacionados con la seguridad y defensa nacional, conservación del orden público o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier desastre natural”. ¿Cómo podríamos imaginar al IFT entrometiéndose en la difusión de boletines de esta naturaleza? Esa tarea resultaría inadecuada para el organismo, que está encargado de administrar el espectro radioeléctrico.

El Poder Ejecutivo es quien tiene facultades para garantizar la seguridad pública en el territorio nacional, y es en ese poder donde reside la información de inteligencia relativa a la conservación del orden público.

Y así como ese punto, hay más, como la administración de los tiempos públicos, la supervisión de ciertos contenidos infantiles, la vigilancia de que los contenidos respeten la vida privada, etcétera.

Quienes desean que Gobernación no tenga estas atribuciones, ponen de pretexto al fantasma del autoritarismo y la censura. No obstante, la tarea de un gobierno es justamente gobernar; y cualquier gobierno legítimamente electo tiene derecho de poner acentos en lo que quiere comunicar a la ciudadanía.

No confundamos el papel de los organismos autónomos. Existen porque técnicamente se requiere sofisticación en tal o cual ámbito de la vida nacional. Pero su existencia no debe minar las capacidades del gobierno para diseñar e instrumentar política pública de cierto sesgo, que tenga determinados atributos. Para eso se elige a los gobernantes de un partido y no de otro.

Twitter:
@SOYCarlosMota