No cabe duda de que uno de los temas de mayor relevancia, si no es que el más relevante, en la agenda que heredará la próxima administración, es el de la terriblemente deteriorada seguridad pública. Las cifras de homicidios, robos, secuestros, extorsiones y otros delitos son agobiantes y con tendencia a la alza.
Es evidente que la estrategia puesta en marcha desde 2006 ha dado nulos resultados y no sólo no ha logrado contener la violencia, sino que ha puesto en un severo cuestionamiento a las instituciones de seguridad, de procuración y de administración de justicia, con el fantasma de la corrupción y el desgaste inherente.
El ya designado futuro secretario de Seguridad Pública ha anunciado diversas acciones que se implementarán en materia de seguridad, entre ellas, la absorción del Cisen por la SSP, la centralización de la actividad de inteligencia, la creación de la Guardia Nacional y también de la Policía Nacional, señalando que en tres años se abatirá en un 50 por ciento el índice de homicidios en el país.
No se entiende con claridad si los anuncios de tales medidas tienen un sustento sólido, producto de un diagnóstico formal, si son sugerencias de su círculo cercano o son meras continuaciones de la retórica electoral. No se ofrece tampoco algún argumento programático, no se habla de costos ni de la indispensable adecuación de la normatividad respectiva.
La crisis de seguridad en que está inmerso México es alarmante. La criminalidad ha alcanzado niveles de terror, con una ostensible libertad de acción y el control de territorios en prácticamente toda la geografía nacional.
La transformación de los modelos organizacionales y funcionales de las instituciones de seguridad demanda de claridad absoluta y reclama de periodos de adaptación para funcionar más o menos fluidamente. Empujar transformaciones sin un rumbo definido claramente corre el riesgo de generar mayor conflicto que el que pretende resolver y beneficiar, finalmente, a la delincuencia.