La puja por la silla más codiciada de México ha entrado en la recta final. En tan sólo quince días, la nación tendrá nuevo conductor designado.
La contienda política más controvertida de los tiempos modernos tendrá como sello distintivo, cualquiera sea el resultado, el señalamiento mutuo de la corrupción. Ninguno de los flamantes candidatos ha escapado a la denuncia de actos apartados de la legalidad. Sobre la propuesta ha primado la acusación, el denuesto, la injuria.
A nivel doméstico, habituados a lo que parece ser el deporte nacional, no se va más allá de la crítica o el meme, sarcasmo viral que se constituye en la vía de la catarsis social, momentánea y recurrente, ante los continuos escándalos que ya no sorprenden a nadie. Pero, a nivel externo, la imagen que se proyecta es la de un país gobernado por la deshonestidad y sumido en la violencia, de la que dan cuenta no sólo los actos sangrientos atribuidos al crimen organizado, sino los más de cien homicidios cometidos en contra de candidatos a cargos locales de elección popular y comunicadores.
Ningún otro periodo electoral en la historia reciente de México ha estado saturado de tantos señalamientos de corrupción entre los contendientes. Ningún plumaje permanece impoluto tras haber recorrido el fangoso sendero hacia la Silla del Águila. Quien se erija en el nuevo tlatoani tras la jornada del 1 de julio, cargará con la responsabilidad, ineludible, ante la exigencia ciudadana, de poner orden y recuperar el estado de derecho.
El gran compromiso de los nuevos directores de la nación, antes que cualquier otro, debe ser respetar y hacer respetar la ley, con todo lo que ello implica, factor indispensable para recobrar la paz, el equilibrio, la competitividad y el prestigio nacional.
Un nuevo orden es obligado. Seguir transitando por la senda de la opacidad, la simulación, la ocurrencia, la permisividad o el capricho, no augura otra cosa que el desastre.