La decisión del perredista Silvano Aureoles de retirarse del acuerdo de coordinación fiscal en materia educativa, obliga a una reflexión profunda sobre el centralismo mexicano desde una arista que, en este caso, fue poniendo contra las cuerdas a Michoacán por una creciente nómina magisterial que, se agravó aún más, con decisiones de gobiernos locales que se sometieron a las presiones de los sindicatos al firmarles una amplia cartera de bonos.
La interpelación del gobierno de Michoacán ya consta por escrito y firma de recibido de las secretarías de Educación y de Hacienda, con amplios anexos donde se detallan los nocivos efectos para la entidad del acuerdo federal signado en 1992 y modificado en 2014.
De acuerdo con documentos elaborados por el gobierno de Michoacán, la totalidad de recursos que requiere la Secretaría de Educación estatal para finalizar el año 2018 son dos mil 911 millones 278 mil 103 pesos, para pagar los bonos vencidos de 2017 y de 2018, así como los bonos por vencer de 2018 y la nómina para las quincenas 19 a 24 de este año.
Para el gobierno de Aureoles Conejo las etapas del desequilibrio estructural en la educación se entienden si se considera que en 1992, cuando se dio la descentralización de la educación básica, el apoyo por parte de Michoacán a este rubro era de 9.6 por ciento y en 2012 se incrementó a 36.59 por ciento, lo que significa que en 20 años se incrementó en 281 por ciento.
En cuanto al número de trabajadores en el sistema educativo, de acuerdo con los datos del gobierno: en 1996 había ocho mil 499 docentes y 907 administrativos, mientras que en 2014 había 25 mil 546 maestros y 4 mil 418 administrativos, lo cual ha encarecido de manera importante el costo de la educación en la entidad.
El gobernador dijo que no se trata de renunciar a una responsabilidad, sino de transitar hacia un nuevo esquema que, al menos, permita retornar a la condición de hace casi tres décadas en que su estado absorbía el 12 por ciento del gasto contra el 88 por ciento federal.
Esta, como otras crisis se da casi con el cambio en la presidencia de la República y en un momento en que el próximo gobierno ha dado de por sí muestras de centralismo.
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Ahora resulta que un empleado de tercer nivel del Senado, Enrique de la Rosa Luna Parra, director de organismos internacionales, busca apoderarse del ancestral Junior Club. Instrumentó con el líder del sindicato del club deportivo fundado en 1906, José Luis Jiménez, una estrategia huelguística para ahogar a esa institución y desplomar el precio de las acciones.
De esa manera De la Rosa y Jiménez harían un gran negocio que afectaría a los socios y buscarían, seguramente, quedarse con los terrenos y construir torres habitacionales con el apoyo del empleado afiliado a Morena.
Los terrenos valen oro, en una zona de alta plusvalía en la colonia Condesa de la capital. Juego sucio de un político que meses antes le pidió y recibió de directivos del Junior Club apoyo para una campaña fracasada para una curul, ahora busca acabar con una institución sin fines de lucro.
¿Sabrá de este asunto el líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal? Realmente, lo dudamos, ya que no permitiría que el nombre del Senado sea usado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, que preside Francisco Maciel, para apoyar negocios particulares de sus empleados.