Los conflictos por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos continúan escalando, a tal grado que el PAN, PRD, PRI y MC presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad para que se respete la autonomía del Poder Judicial.
El documento fue firmado por los coordinadores parlamentarios del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PAN, Rafael Moreno Valle; del PRD, Miguel Ángel Mancera; de MC, Dante Delgado, y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
Consideran que tiene un apartado que atenta contra la autonomía de la Suprema Corte y el sistema de impartición de justicia, y es por ello que se logró sumar a 55 senadores, según explicaron.
Y esta acción se suma a los 6 mil 500 funcionarios provenientes de 297 entidades de la administración pública que buscan ampararse, según el despacho de abogados Trusan & Roma.
Y también a la decisión de la Suprema Corte de definir qué jueces serán los competentes para resolver los amparos tramitados contra esta ley, que mientras tanto no podrá aplicarse contra quienes hayan presentado el amparo.
Y ante toda esta molestia que ha generado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en el Senado de la República, la Junta de Coordinación Política logró negociar con el sindicato para que los trabajadores se deslindaran de la promoción de amparos.
De acuerdo con un video que hicieron publicó ayer, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, que es el mayoritario, Bertha Orozco Márquez, sostuvo la convicción de sus afiliados de ajustarse a las nuevas políticas de austeridad y descartó que se implementen acciones legales en contra de la institución.
Asimismo, aseguró que no permitirá ningún retroceso o cancelación a sus conquistas laborales conseguidas en los 50 años que tiene la organización sindical.
Esto demuestra la capacidad de negociación que tuvo el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, con los trabajadores sindicalizados, sobre todo porque esta propuesta ha sacado ámpulas en los trabajadores de casi todas las dependencias de gobierno, así como en los órganos autónomos y en el Poder Judicial.
El mayor problema es que esta ley tiene fuertes inconsistencias, debido a que simplemente se retomó una propuesta del diputado Pablo Gómez, presentada en 2011, en lugar de crear una nueva, acorde con la realidad actual.
De la decisión de los jueces que la Suprema Corte considere convenientes para atender este asunto, dependerá el futuro de una de las principales propuestas del presidente López Obrador.
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Y en medio del huracán judicial se encuentra el Tribunal Electoral, ya que tendrá que definir en los próximos días el futuro político de Puebla.
Y éste no sólo impactará el hecho de que Martha Erika Alonso sea la gobernadora en esa entidad, sino también el futuro del PAN, ya que la capacidad negociadora de su coordinador en el Senado, Rafael Moreno Valle, se verá impactada obligatoriamente por esta decisión.
Como sabemos, el proyecto de sentencia del magistrado José Luis Vargas Valdez propone la anulación y repetición de los comicios, así como la revocación a la constancia de mayoría de Martha Erika Alonso Hidalgo.
A ver si la decisión se toma antes del día de la Virgen morena, y si este milagrito a favor del partido Morena no le cuesta más caro al actual gobierno, que simplemente aceptar el triunfo de la panista y mejorar las relaciones con la primera oposición en el país.