Sigue el juego de las vencidas
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Sigue el juego de las vencidas

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Sigue el juego de las vencidas

01/11/2018

En la denominada transición de terciopelo, el nuevo gobierno mete en verdaderas dificultades al actual, que al parecer ya ni quiere defenderse. Ya le tocó al gobierno de Enrique Peña Nieto una devaluación más en su sexenio, debida a la consulta sobre el aeropuerto internacional.

Y ayer el presidente del Senado, Martí Batres, “ordena” la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es la que le otorga un salario de 108 mil pesos al Presidente de la República y mandata que ningún servidor público tenga percepciones mayores a esta cantidad.

El senador Martí Batres explica que en incumplimiento de la atribución que le confiere el artículo 72 fracción b de la Constitución, ordena la publicación de esta ley, que por cierto parece pleito de cantina, porque la iniciativa aprobada señala en sus transitorios que:

“El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los tabuladores que, a la entrada en vigor del presente decreto, no se ajusten a lo establecido en la misma, deberán ser adecuados, en un término no mayor a 180 días naturales de su aplicación y publicados en el Diario Oficial de la Federación”.

Y mientras no estén los nuevos tabuladores de los funcionarios públicos de alto nivel, es un tanto absurdo ordenar la publicación, porque aunque se quisiera que al actual gobierno le tocará pagar las liquidaciones de los trabajadores del sector público, esto no será posible mientras no se aprueben los nuevos tabuladores.

Una de las propuestas de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador sí entraría de inmediato en vigor, y es la de acabar con las pensiones de los expresidentes de la República.

De cualquier forma es muy difícil que el director del Diario Oficial de la Federación cumpla de inmediato con la orden del presidente del Senado, ya que primero deberá revisarse en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Como ninguna ley es retroactiva y no puede disminuirse el salario de ningún trabajador, los funcionarios públicos podrán buscar los vericuetos legales para exigir su liquidación, que por cierto de acuerdo con un documento del futuro gobierno denominado: Guía y Criterios Generales para la Nueva Administración, se prevén las indemnizaciones.

Además, la ley establece que los salarios de los servidores públicos serán fincados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos, por lo que publicarla, sin lugar a dudas, violentaría este precepto constitucional.

Esta ley presenta graves problemas, ya que se hace un listado de los entes públicos en los cuales se regulan las percepciones que tienen los funcionarios, y debido a que todavía no existían, no se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el Instituto Nacional Electoral –ya qué entonces se llamaba IFE–, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, entre otros, y al no estar mencionados en la ley no se les podrá aplicar y cualquiera de estos funcionarios podría ampararse.

Y obviamente en la misma situación están los trabajadores tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, quienes podrán ampararse, ya que la iniciativa aprobada incluye a las paraestatales y no a las empresas productivas del Estado.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.