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06/06/2018

En un proceso electoral en el que, aseguran, se percibe la mano del crimen organizado en algunos cargos de elección popular, destaca el caso del candidato del Partido Pacto Social de Integración (PSI) a la alcaldía del municipio de Quecholac, Puebla. José Alejandro Martínez Fuentes, cuyo hermano es, nada más y nada menos, Antonio Martínez Fuentes, mejor conocido como el Toñín, es identificado por la PGR y la Sedena como uno de los principales líderes huachicoleros del llamado Triángulo Rojo.

El famoso Toñín fue señalado por las autoridades federales como el responsable del ataque a un convoy militar el 3 de mayo de 2017, en el que su organización criminal se escudó en pobladores, principalmente mujeres y niños, para que el Ejército no ingresara a la región poblana en la que se habían denunciado tomas clandestinas de combustible.

La observada lealtad de esos pobladores hacia el presunto delincuente se explica por el trabajo que ha realizado desde hace años el hermano menor, Alejandro Martínez, con la denominada Fundación Fusión y Fuerza A.C., encargada de repartir dádivas entre los habitantes de Quecholac y de las Juntas Auxiliares aledañas, y de supuestamente ser el instrumento político de la banda huachicolera.

El arraigo y “agradecimiento” que hoy tienen los pobladores hacia esta organización han colocado a Martínez Fuentes en la candidatura y a tan solo unos pasos de tomar la administración de uno de los municipios clave para el robo de combustible, y esto con el permiso tanto de los dirigentes del partido local poblano PSI y del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Si bien es cierto que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, y que ser pariente de algún presunto delincuente ni de chiste significa ser culpable de algún delito, la inseguridad en el país debería llevar a los partidos políticos a revisar sus candidaturas y a los electores a razonar su voto.

Avances en conservar especies

México es el cuarto país con mayor diversidad en el mundo, lo que lo ubica como el hogar de aproximadamente el 12 por ciento de las especies del planeta, es por ello que hay una gran responsabilidad para mantenerlas y evitar la extinción de aquellas que están en peligro.

En lo que va de la presente administración, la Secretaría del Medio Ambiente asegura que se han dado ocho historias de conservación exitosa de especies en peligro de extinción, como el águila real que cuenta con 75 por ciento más de parejas reproductivas y ya se dio su primera reintegración.

La ballena gris es otra de las especies que ha logrado incrementar su número, ya que se censaron mil 365 ejemplares en las lagunas Ojo de Liebre y de San Ignacio.

En cuanto a las aves, el cóndor de California, que fue especie extinta hasta 2010, cuenta ya con una población de 39 en el parque nacional de San Pedro Mártir; además se censaron más de 600 guacamayas rojas y se han llevado a cabo 11 liberaciones exitosas del lobo mexicano, que irónicamente había desparecido de nuestro país.

Y la Profepa responde a la duda expuesta en la columna del viernes pasado con la explicación de que los ejemplares que fueron decomisados del parque Cuitláhuac en Iztapalapa, en 2016, cuando era delegada Clara Brugada, fueron trasladados al Parque Zoológico de Querétaro Wamerú.

Y que las sanciones contra los responsables de la irregularidad en la que se encontraban los animales fue el decomiso y la clausura del sitio.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.