Morena le aventó al presidente Enrique Peña Nieto una papa caliente, pero si el jurídico de Los Pinos juega con inteligencia, puede regresarla al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y que sea a partir de la próxima administración cuando se defina qué hacer con todos los amparos que implicará la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución.
De acuerdo con el primer artículo transitorio, esta ley entra en vigor un día después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo cual, si el nuevo gobierno cree en la transición aterciopelada y la publica, tendrá graves problemas, ya que de inmediato deberá cumplir con ella y disminuir el salario de los funcionarios públicos.
La ley establece que los salarios de los servidores públicos serán fincados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, por lo que publicarla, sin lugar a dudas, violentaría este precepto constitucional.
Es por ello que la Consejería Jurídica de Presidencia tiene que jugar muy bien sus tiempos para regresar la papa caliente a la próxima administración, sin violar la ley que impide que se congele.
El Ejecutivo federal tiene 30 días naturales para hacer observaciones y 10 días más para publicarla en el DOF, en caso de que no lo haga el presidente de la cámara de origen –es decir, del Senado–, tiene 10 días para hacerlo.
Esto les daría 50 días para que se publique la ley y entre en funciones, y al actual gobierno le faltan 105 días para dejar el poder, por lo que tendrán que ser muy creativos si no quieren regresarla al Senado con observaciones para impedir su entrada en vigor.
No es comprensible por qué en la Cámara de Diputados decidieron retomar una minuta vieja y aprobarla en fast track, como si no tuvieran la mayoría en el Senado, y parece que lo que buscan es dar el pretexto para que ésta le sea nugatoria y evitar enfrentarse con funcionarios, sobre todo de las empresas productivas del Estado y de los órganos autónomos.
Porque en la ley se hace un listado de los entes públicos en los cuales se regulan las percepciones que tienen los funcionarios, y debido a que todavía no existían, no se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el Instituto Nacional Electoral –ya que en ese entonces se llamaba IFE–, Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, entre otros, y al no estar mencionados en la ley no se les podrá aplicar, y cualquiera de estos funcionarios podría ampararse.
Y obviamente en la misma situación están los trabajadores tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, quienes podrán ampararse, ya que la iniciativa aprobada incluye a las paraestatales y no a las empresas productivas del Estado.
Y a los trabajadores de la Ciudad de México, ya que, en 2011, cuando la aprobó el Senado, todavía existía el Distrito Federal, pero también todas las multas se cobraban en salarios mínimos y ahora se cobran en las Unidades de Medida y Actualización, o sea que esta ley terminará en el Poder Judicial, que tendrá que resolver amparos de todos los inconformes.
No que no
Rosario Robles, titular de Sedatu, comparecerá ante diputados el próximo 16 de octubre; ahí se definirá si el próximo gobierno y su partido la ven o no como chivo expiatorio.