Michoacán inició este sexenio con un problema adicional al de los superdelegados, y es que antes de que concluyera la presidencia de Enrique Peña Nieto, su gobernador, Silvano Aureoles, decidió retirarse del acuerdo de coordinación fiscal en materia educativa.
A su decisión de dar por terminado el convenio del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, le respondió Miguel Augusto Castañeda Fernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP, en representación del entonces secretario Otto Granados, con algunas amenazas veladas, lo cual provocó molestias en el equipo del gobernador.
En el oficio enviado a Silvano Aureoles se señala que su petición deriva "de una indebida fundamentación y motivación para dejar sin efecto los acuerdos referidos a través de una interpelación extrajudicial".
Y por ello le solicitan que se abstenga de realizar cualquier acto que ponga en peligro o impida el servicio de educación básica que por ley Michoacán debe brindar a las niñas niños y adolescentes de su entidad federativa.
Posteriormente, viene la amenaza velada, al señalarle que "ante lo infundado de su pretensión, no se realice ninguna entrega-recepción de los servicios educativos de nivel básico a su cargo, en virtud de que se estarían violando una obligación establecida en la ley, lo que pudiera generar responsabilidades administrativas".
Y le exigen que "en cumplimiento al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el principio superior a la niñez, se tomen las medidas pertinentes para que los alumnos no dejen de recibir el servicio de educación".
Esta respuesta dejó muy molesto al gobernador y a su equipo, en primer lugar porque consideran que el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP no goza de facultades jurídicas, administrativas o de cualquier otra índole para ordenar al Ejecutivo del estado libre y soberano.
Además, aseguran que la federación tiene una corresponsabilidad con la educación básica y normal y que no sólo le corresponde a Michoacán salvaguardar el derecho humano de la educación, sino también a la federación.
El problema de Michoacán, subraya el equipo del gobernador, quedó claramente expuesto en la petición de dar por terminado el convenio del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y se basa en las necesidades financieras del estado, a las que nunca se les dio respuesta con este oficio.
Es por ello que consideran mantener los 30 días naturales otorgados en la interpelación de fecha 26 de noviembre, para iniciar los procesos de entrega-recepción de la educación en Michoacán, con énfasis en la incorporación de todos los trabajadores para que se garantice el cumplimiento de las obligaciones en materia educativa de forma regular.
Claro que el grave problema es que este intercambio epistolar se dio con un funcionario del gobierno anterior, por lo que le corresponderá al mandatario de Michoacán definir cómo mantiene esta interpelación.
De acuerdo con documentos elaborados por el gobierno de Michoacán, la totalidad de recursos que requiere la Secretaría de Educación estatal para finalizar 2018 son dos mil 911 millones 278 mil 103 pesos, para pagar los bonos vencidos de 2017 y de 2018, así como los bonos por vencer de 2018 y la nómina para las quincenas 19 a 24 de este año.