Qué maravilloso es cumplir con lo solicitado cuando no tenemos ningún costo por hacerlo, y eso está sucediendo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El pasado 5 de octubre, cuando la senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acudió al INAI para clausurar la Semana de la Transparencia, el presidente de este Instituto, Francisco Acuña, le comentó al recibirla que ya tenían un plan de austeridad.
De esta forma, el INAI cumple con las propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y queda bien de cara a los próximos seis años de gobierno; el único problema es que este plan de austeridad no tiene que ver con los que reciben los salarios más altos, quienes mantendrán todas sus prestaciones y, por supuesto, su bono de fin de año.
No, el plan de austeridad que presentarán los comisionados afecta directamente las prestaciones de fin de año para los trabajadores y empleados, ya que les niega el derecho laboral adquirido de recibir vales de despensa por un monto de 20 mil pesos y días adicionales de aguinaldo y gratificaciones.
Es por ello que los trabajadores han pedido a las autoridades el acta que haga constar esta decisión patronal de "negar el cumplimiento de derechos laborales adquiridos", y solicitan que los comisionados que votarán a favor de esta medida, hagan públicos los argumentos de su voto razonado.
En un documento que han circulado para los trabajadores, aseguran que no los detendrán y que "interpondrán demandas laborales y amparos contra esta decisión, que refleja el temor al nuevo gobierno por sus aviadores y abusos cometidos contra la clase laboral".
Así o más fácil para los comisionados: finalmente que se afecten los que menos ganan.
¡Cuidado!
Hay un desequilibrio de fuerzas entre poderes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha demostrado que puede destituir a representantes del Ejecutivo, a través de juicios de amparo.
Pero ahora, el tema puede volverse aún más muy delicado. Un ejemplo es el de José Manuel Ballesteros, exdelegado de Venustiano Carranza, porque se le responsabiliza de un incumplimiento de juicio laboral cuando ya había dejado el cargo; el caso sigue pendiente y, de proceder, tendrán que preocuparse muchos que tienen expedientes abiertos.
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Una de las comisiones que tendrán más trabajo en esta Legislatura es la de Puntos Constitucionales, ya que le tocará aprobar la mayoría de leyes que se requerirán para la cuarta transformación propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
La preside el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, quien tiene muy clara su responsabilidad, al ser parte de una fracción, que de hecho definirá los cambios legales sin problemas y los constitucionales con un poco de negociación.
Uno de los temas que "el jaguar negro", como se le conoce en su natal Chiapas, ya incluyó en su programa de trabajo y que será en poco tiempo una iniciativa, ya que está dentro de los 19 que integran la agenda consensuada por todos los grupos parlamentarios y que dio a conocer ayer el presidente de la Jucopo, es la del fuero para legisladores y funcionarios públicos.
Además, está comprometido con temas como prisión preventiva oficiosa, los delitos en materia de corrupción y paridad en el sector público. Habrá que darle seguimiento.