Conflicto de interés
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Conflicto de interés

12/10/2018
Actualización 12/10/2018 - 13:49

Los 80 magistrados pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que aún encabeza Álvaro Augusto Pérez Juárez, votarán el próximo 8 de noviembre para renovar por última vez a su presidencia bajo los designios de su antigua Ley Orgánica; esto antes de que la nueva Constitución capitalina y sus leyes secundarias entren en vigor para el Poder Judicial, el 1 de enero de 2019.

Lo anterior significa que el nuevo titular del órgano de justicia desempeñará todavía sus funciones por un periodo de tres años; es decir, dirigirá los destinos del Tribunal estatal más importante del país durante la mitad del sexenio de la próxima jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y por supuesto del correspondiente al hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Se escucha en los pasillos del Tribunal que hay hasta cuatro tiradores ya apuntados para competir por el puesto: los magistrados Manuel Díaz Infante, Rafael Guerra Álvarez, Rosalba Guerrero Rodríguez y Álvaro Augusto Pérez Juárez, este último con la intención de reelegirse en el cargo que le heredó el año pasado el polémico Édgar Elías Azar.

Los dos primeros, Díaz Infante y Guerra Álvarez, pregonan ante sus compañeros que, en sus intenciones para llegar al cargo, cuentan con la bendición del equipo cercano a Sheinbaum Pardo y hasta del propio López Obrador; aunque en la práctica sus impulsores son únicamente Juan Luis González-Alcántara Carrancá y Eva Verónica de Gyves Zarate, ambos nominados para encabezar la primera Fiscalía General de la República.

De hecho, la magistrada De Gyves Zarate es esposa de Rafael Guerra Álvarez y, por si fuera poco, a la pareja la une una relación de compadrazgo con la próxima secretaria de Gobierno en la CDMX, Rosa Icela Rodríguez, un entramado que podría suponer un potencial conflicto de interés en la impartición de justicia, en caso de que los mencionados personajes logren consolidar sus aspiraciones.

Rosalba Guerrero Rodríguez basa su candidatura en una campaña al interior del Tribunal Superior de Justicia y en el apoyo que un grupo de magistrados le ha mostrado desde que, en el año 2015 se opuso públicamente tanto a la segunda reelección consecutiva de Elías Azar como a los proyectos que el hoy embajador de México en los Países Bajos realizaba a nombre del Tribunal en el sector inmobiliario.

Desde que empezó esta Legislatura, en el Senado de la República las sesiones han resultado muy largas, tediosas e intrascendentes, con demasiados temas irrelevantes en la tribuna; sin embargo, ayer sonó una voz de alarma, sobre un hecho nunca antes registrado en la Ciudad de México: el recorte de agua del cien por ciento del Sistema Cutzamala, programado para finales de octubre y principios de noviembre.

La falta de agua afectará a ocho millones de habitantes de la muy noble y leal Ciudad de México, según cálculos del senador Miguel Mancera, exjefe de Gobierno. Los legisladores aprobaron un punto de acuerdo que exhorta a la Conagua a garantizar los recursos técnicos, económicos y financieros, de planeación y abasto para afrontar el recorte nunca visto.

Una de las pesadillas de los capitalinos, la distopía de estar sin agua, ocurrirá en Día de Muertos; los senadores estarán de vacaciones, como acostumbran por esas fechas, y los funcionarios de Conagua, con experiencia, estarán una vez más a prueba; sin embargo, cualquiera que sea el resultado, ya tienen su destino escrito: el 70 por ciento de los trabajadores de confianza serán despedidos, de acuerdo con los planes del nuevo gobierno.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.