Opinión

Gendarmería y
“ciclos productivos”

Hace unos días inició operaciones la Gendarmería como una nueva división de la Policía Federal, cuya misión es “proteger ciertas actividades productivas sujetas a ciclos, como las temporadas turísticas o la agricultura”. Esa policía se quedó muy por debajo de las expectativas que se crearon desde la campaña presidencial. Como señala GEA Grupo de Economistas y Asociados en su último análisis político, se trata de un cuerpo muy pequeño para las necesidades y demandas de seguridad en muchas entidades (5 mil policías que, si atendieran los 32 estados, implicarían sólo 170 elementos por entidad), aún para las más afectadas por el crimen organizado en materia de turismo y agricultura. En ese sentido, sin minimizar otros delitos que afectan a las actividades económicas “cíclicas” en el país, como el secuestro, el que más incide es la extorsión que incluye el derecho de piso, cobro por tonelada producida, comercializada y/o transportada, etc.

De acuerdo con la clasificación de GEA a julio de 2014, los estados con vocación agrícola en los que el delito de extorsión está mal y empeorando (superior al promedio nacional y con tendencia al alza) son Michoacán, Tamaulipas y Nuevo León, mientras que los que están mal pero mejorando son Baja California, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Veracruz. Esas 8 entidades generan 42% del valor de la producción agrícola anual en el país en 8.1 millones de hectáreas, que representan 37% de la superficie sembrada a nivel nacional. Cubrir ese territorio será un complejo reto para el escaso personal de la Gendarmería.

Aún si sólo se consideran los bienes agrícolas de alto valor relativo en el mercado y a las unidades de producción “grandes” (mayores a 10 hectáreas) –y no porque los pequeños productores no sean sujetos a extorsión--, la extensión y la dispersión geográficas son sustanciales. En Michoacán la delincuencia organizada centraliza la extorsión en la producción de aguacate, berries (zarzamora, frambuesa, blueberry y fresa) y cítricos; en Tamaulipas en la de sorgo, naranja y cebolla; en Nuevo León en la de naranja y toronja; en Baja California en la de tomate y uva; en Jalisco en la de frutas y agave; en Guanajuato y el Estado de México afecta la de granos (avena, cebada y sorgo) y la de productos hortícolas como brócoli y calabaza; y en Veracruz la de azúcar y cítricos. Por ejemplo, en Michoacán se destinan 122 mil hectáreas para la producción de aguacate y para la de limón más de 45 mil; para la de sorgo en Tamaulipas casi un millón de hectáreas o para la de cítricos en Nuevo León más de 50 mil.

A ello se agrega la estacionalidad o los ciclos de la producción agrícola. De esos cultivos de alto valor, las berries, los cítricos y el maíz que se comercializa (sin considerar el de autoconsumo en pequeñas parcelas), así como buena parte de la cosecha del tomate rojo y de la caña de azúcar, se concentran en el ciclo otoño-invierno; esto es, entre octubre y marzo de cada año. Por su parte, en el ciclo primavera-verano (de abril a septiembre) se cosechan las frutas (sandía, melón), fresa, la uva para producción de vino y la cebolla.

Lo anterior significa una enorme superficie sembrada, con elevada dispersión geográfica de las unidades de producción, pero en el que la cosecha se concentra en determinados meses del año y en prácticamente todas las zonas de producción. Ello implica que proteger las actividades productivas cíclicas requeriría no sólo un gran despliegue de personal en buena parte del territorio nacional, sino una estrategia bien planeada, coordinada y ejecutada, lo que no parece ser el caso de la Gendarmería. Hasta hoy, su despliegue y acciones se han realizado en Valle de Bravo, Estado de México, entre otras localidades, por atención al turismo pero sobre todo por reacciones a la presión de los medios de comunicación y de la población de altos ingresos.

¿La extorsión en el sector agrícola puede esperar? Se requiere enfrentar a la delincuencia a nivel local y no sólo federal.