Opinión

Gasto público: inoperante para reactivar la economía


 
 
En los primeros meses de 2013 el desempeño de la economía ha sido decepcionante, al profundizarse la desaceleración de la actividad productiva. De tasas anuales de crecimiento del PIB estimadas a principios de año en 3.2 y 3.5%, ahora las previsiones se ubican entre 2.5 y 2.8%. Si bien diversos factores explican ese comportamiento, sin duda el ejercicio del gasto público, y en particular de la inversión, ha sido uno de los que más ha incidido.
 
 
De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, en enero-mayo de 2013 el gasto total del sector público se redujo casi 6% en términos reales con respecto del mismo periodo del año anterior, mientras que la inversión lo hizo en 6.7%.
 
 
Destacó la elevada disminución de la inversión del gobierno federal (21%), lo que representó el peor arranque de las últimas 3 administraciones. Además, no sólo el monto de gasto fue menor al del año pasado sino que también influyó su composición. Las erogaciones totales de las dependencias con mayor vinculación a la actividad económica se redujeron en mayor proporción que el promedio: Sagarpa 20%; Economía 25 y Comunicaciones y Transportes 36%.
 
 
Ello se ha traducido en que las empresas proveedoras de bienes y servicios al gobierno estén enfrentando severos problemas de flujo de caja y financieros, lo que impacta en toda la cadena productiva. Según información del Banco de México, la cartera vencida del sector privado con la banca comercial a mayo de 2013 aumentó 25% (la de la industria manufacturera 19.5 y la del sector construcción 83%) mientras que la de la banca de desarrollo lo hizo en 39%. Si bien los niveles de cartera vencida todavía no son críticos, ya que los bancos tienen elevadas reservas para afrontarlos, la tendencia es preocupante.
 
 
Aunque Hacienda anunció la semana pasada que a junio el gasto “ya se había regularizado 99%” en relación con el calendario presupuestal, es previsible que a ese mes y durante buena parte del segundo semestre del año todavía se registren contracciones de sus principales componentes.
 
 
En buena medida, es factible que esa 'regularización' corresponda a los denominados programas de padrón; es decir, aquéllos que otorgan subsidios en efectivo, como Oportunidades, Procampo y Adultos Mayores, pero que su derrama económica es muy limitada y no comparable con el ejercicio de la inversión pública en edificación e infraestructura.
 
 
La problemática parece radicar en la curva de aprendizaje de los nuevos –algunos no tanto– operadores responsables de la ejecución del gasto, que se suma a la telaraña burocrática que se creó y creció en las dos administraciones anteriores, y que inicia con el embudo que significa la Secretaría de Hacienda en la aprobación para ejecutar el gasto (solicitudes, autorizaciones, radicación de los recursos, etc.), a pesar de que los programas y recursos ya están aprobados en el Presupuesto, y a la que contribuye de manera sustancial el modelo de fiscalización del gasto que impuso la Secretaría de la Función Pública.
 
 
Se ha llegado al absurdo de que los ejecutores del gasto prefieren no gastar por los riesgos de responsabilidades que significan los controles, auditorías, reportes, etc. Resulta evidente que ese modelo, que generalmente sanciona a servidores públicos por deficiencias o fallas administrativas, no contribuye a combatir la corrupción ni a la transparencia del gasto público, pero sí impone barreras casi infranqueables para un ejercicio expedito y bien focalizado.
 
 
En tanto no se redefina ese esquema de ejercicio y control del gasto, difícilmente la política fiscal será efectiva para mitigar los ciclos económicos. La aprobación a la nueva estructura institucional del gobierno, que transfiere esas funciones de la Secretaría de la Función Publica a la de Hacienda, es una gran oportunidad para lograrlo. No basta con reubicar funciones; se requiere una reingeniería de los procesos para ejecutar el gasto.
mruizfunes@gmail.com
Twitter: @ruizfunes