Opinión

Gasto para el aprendizaje incluyente

 
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Alumnos. (Cuartoscuro)

Por Fernando Ruiz.

El presupuesto educativo requiere ser reformado para impulsar la transformación educativa que el país requiere y necesita urgentemente.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que recientemente presentó el Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados no plantea un cambio hacia ese objetivo. Siguen prevaleciendo las prácticas tradicionales de asignación de recursos.

La Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad de corregir el rumbo. Una primera señal de su voluntad política sería que el PEF estuviera alineado con las obligaciones establecidas en la reforma Constitucional y normativa de 2013. La formulación del presupuesto educativo refleja las prioridades públicas de un gobierno. La distribución del dinero público permite constatar si el cumplimiento de las obligaciones legales está en la agenda gubernamental o sólo son buenas intenciones y excesos retóricos.

El nuevo mandato constitucional exige al Estado una educación incluyente y el gasto es clave para lograrla. Asimismo, la reforma de 2013 establece con claridad que el derecho a la educación implica garantizar el máximo logro de aprendizaje. Para constatar su cumplimiento es central realizar inversiones para identificar los aprendizajes obtenidos en el aula con evidencias sólidas y suficientes.

Pero la disminución de los recursos destinados a las pruebas PLANEA y PISA comprometen sus alcances. Ambos instrumentos no son solo programas presupuestarios sino piezas centrales para monitorear el cumplimiento del derecho a la educación establecido en el artículo tercero constitucional.

De forma similar, la propuesta de gasto federal no contempla un acompañamiento vigoroso para los maestros evaluados en su desempeño y la reducción de recursos a formación continua, que implica en los hechos una desproporción entre el diagnóstico y el reforzamiento de sus aprendizajes. Asimismo, el recorte no sólo impacta en los resultados en educación inicial, operación del modelo educativo, libros y en la participación social en infraestructura escolar de todas las escuelas sino especialmente en aquellas modalidades educativas frágiles destinadas a la población rural, indígena y migrante.

Pero la situación realmente dramática se da en las entidades federativas donde sigue prevaleciendo en forma sistemática la ineficiencia, opacidad, corrupción y el contubernio con las dirigencias sindicales, principalmente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Por eso, exigimos a la Secretaría de Educación Pública acciones más firmes para depurar el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y transparentar sus ahorros. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentrar el recorte presupuestal en servicios personales de confianza y gastos en comunicación. El reto para los legisladores federales es darle coherencia a la reforma constitucional aprobada por ellos e impedir el impacto en las modalidades frágiles, la participación social, las evaluaciones de aprendizajes y los docentes frente al aula.

Sería ingenuo pensar en cambios radicales en el actual contexto macroeconómico pero es posible corregir aquellos aspectos que harían inviable la promesa de cambio realizada en 2013. Te invitamos a votar para que nuestros representantes populares tomen en cuenta la voz de la ciudadanía.

Exige a los diputados ¡No recortar en educación… Sí gastar mejor en 2017! a través de www.mexicanosprimero.org

El autor es investigador de Mexicanos Primero.

Twitter:@fruiz_ruiz

www.mexicanosprimero.org

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