Opinión

Gasto legítimo y prebenda

10 febrero 2014 4:9 Última actualización 22 octubre 2013 5:2

 
Antonio Cuéllar Steffan
 

Además de la aprobación de la reforma fiscal y hacendaria de la semana pasada, otro evento legislativo relevante tiene que ver con la iniciativa de reformas a los artículos 4 y 123 de la Constitución presentada por el Presidente de la República, que fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales y que esta semana se enviará para su votación al Pleno. La iniciativa tiene como propósito incorporar los derechos fundamentales de pensión para adultos mayores y seguro de desempleo.
 

El proceso cobra especial relevancia, porque eleva al rango superior de derecho humano una prerrogativa sumamente legítima de la que deben gozar todas las personas en el ocaso de la vida, justamente cuando más lo necesitan y nadie ve por ellos: su incorporación a las actividades productivas y el pago de una contraprestación que le permita tener una vida digna.
 

Un aspecto interesante tiene que ver con la perspectiva desde la que se debe apreciar a la pensión universal para los adultos mayores. Habiendo realmente nacido durante los gobiernos de izquierda en la capital del país, nadie puede objetar que se utilizó como un mecanismo clientelar del perredismo, en el que la fiscalización y aplicación de los recursos fue absolutamente opaca. Con la culminación de la reforma, su transición al rango constitucional permitirá la incondicionalidad de la política pública y, sobre todo, según habrá de materializarse a través de las leyes secundarias, un control transparente y adecuado del manejo de los recursos y su aplicación futura, cosa jamás vista durante los últimos quince años en la capital.
 

La visión con la cual la administración pública canaliza los recursos del Estado resulta absolutamente trascendente para el país. El abuso desmedido del gasto público con miras a privilegiar a un sector dado, puede arrojar resultados terriblemente antidemocráticos. Un ejemplo de esto también apareció la semana pasada.
 

En la misma discusión legislativa los diputados votaron la Ley Federal de Derechos, en la que se prevén los cobros que por concepto de distintos servicios del Estado o aprovechamiento de sus bienes deben efectuar los particulares. De entre el vasto articulado de dicha ley, destaca la discusión que se presentó con respecto al monto de derechos por el concesionamiento de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz del espectro radioeléctrico, para la prestación de servicios de banda ancha.
 

En la iniciativa presidencial se había planteado el cobro de cantidades multimillonarias que se encontraban fuera de toda lógica, que de haberse concretado impedirían un sano desarrollo de ese sector.
 

Durante la elaboración del dictamen correspondiente, en la Comisión de Hacienda, se permitió una disminución peligrosa de su valor, hasta en menos del 10 por ciento de lo originalmente presupuestado, en un claro detrimento del erario público y para ventaja indebida de lo concesionarios. Extraña canonjía que estuvo dispuesta a conceder la izquierda.
 

Afortunadamente y durante la votación en el pleno de la cámara baja se presentaron las reservas correspondientes por medio de las cuales se modificó el proyecto para permitir que el flamante Ifetel, con la anuencia de la SHCP, determine a través de procedimientos de licitación abiertos, cuál es la contraprestación adecuada que, en función del estado de la tecnología y del mercado, puedan ofrecer los particulares por bienes tan apreciados del dominio público.
 

Puede ser válida la elevación de contribuciones para la atención del gasto público del Estado, cuando en situaciones como las que vivimos, la riqueza se polariza y concentra de manera inequitativa en un sector de la población. Indebido es, en cambio, la elevación de impuestos con la finalidad de lograr acercamientos partidarios con sectores de la población o del empresariado que, llegado el momento, puedan trastocar los procesos de elección.