Opinión

Gasto educativo 2015 y rendición de cuentas

Fernando Ruiz Ruiz.

Investigador en Mexicanos Primero.

www.mexicanosprimero.org

Twitter:@fruiz_ruiz

El Presidente de la República presentó, el pasado mes de septiembre, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2015. Lo hizo llegar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como marca la ley, a la Cámara de Diputados, para su análisis, debate y aprobación. Es un acto importante ya que la operación de los servicios públicos federales y de muchos estatales depende de la aprobación de este instrumento.

En el siglo XIX, México no contaba con un financiamiento anual ordenado y previsible. Hoy damos por hecho que los servicios públicos funcionarán de forma continua e independiente a la autorización del presupuesto federal anual. Es un gran triunfo nacional que esto sea así: que la provisión de recursos fluya ininterrumpidamente y en apego a leyes y programas. La mayoría de los ciudadanos prestan poca atención al proceso de aprobación, y menos al de su aplicación. Sólo los escándalos de corrupción en el uso de recursos públicos parece atraer la atención general, pero su aparición intermitente hace efímera la indignación, fugaz la propuesta de mejora y nulo su impacto en el cambio cultural.

El castigo y la aplicación estricta de la ley ante la corrupción continúa siendo una agenda pendiente; no menos importante es la disuasión de tales conductas. Es lamentable que las instituciones no hayan logrado crear mecanismos preventivos e inhibidores, que resulten efectivos para contenerlos y revertirlos. La rendición de cuentas es un instrumento que puede ayudar a esta tarea, pues no sólo es deseable que se lleve a cabo entre los poderes públicos, sino sobre todo ante la sociedad misma, quien da origen a todos los mandatos.

Dicha exigencia es imperativa en el sector educativo, ya que además de implicar una cantidad astronómica de recursos públicos -para 2015 representa el 18.5% del presupuesto programable federal- su impacto en el bienestar futuro de millones de niños y jóvenes es también enorme. Hemos argumentado que el gasto educativo es ante todo un instrumento para hacer efectivo el derecho a aprender. También hemos señalado que el PEF es el principal instrumento de política educativa. Hacer del gasto público un instrumento eficaz para ampliar las oportunidades de aprendizaje pasa, en primer lugar, por hacer del presupuesto educativo un instrumento sujeto a la rendición de cuentas.

A pesar de que todavía sigue en debate cuáles serían todas las características deseables de un modelo de rendición de cuentas educativo, es posible ya avanzar en este rubro. La ampliación y el mejoramiento de la información pública disponible es un primer paso imprescindible. Por ejemplo, es deseable conocer cuál es la justificación de la SHCP para proponer la reducción en 7 mil millones de los recursos en 23 de los 55 programas presupuestarios que financian la educación básica, mientras que por otro lado se amplía en 37 mil millones los recursos a las entidades federativas, a pesar de la opacidad con que se manejan y la multitud de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas emiten periódicamente reportes, la información sobre sus decisiones y acciones es fragmentaria e insuficiente. En 2003-2013 la SEP ha recibido más de 44 mil solicitudes de información, la segunda institución federal después del IMSS, con más solicitudes de este tipo.

Con ese deficiente y fragmentado sistema de reportes, la capacidad ciudadana para exigir mejores explicaciones se encuentra limitada. Desde 2009 se lanzó la exigencia ciudadana para conocer la ubicación de todos los maestros de educación básica, y desde mucho antes se hacían denuncias sobre la enorme cantidad de comisionados sindicales, pero fue hasta 2013 -con la realización del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) -que se conoció la magnitud del desorden: 298,174 pagos a personas que no dan clases. Sólo con más información, y de mejor calidad, puede la sociedad monitorear las acciones, incluso supervisando que la información pública sea fidedigna, y detectar incumplimientos e irregularidades.

No está de más insistir en las consecuencias de la falta de rendición de cuentas: en el periodo 2010-2012 la ASF identificó irregularidades por cerca de 40 mil millones de pesos, y las irregularidades identificadas por el CEMABE involucran también un monto similar, cerca de 35 mil millones de pesos. Adicionalmente, hay presiones constantes para continuar con las malas prácticas institucionales, tales como asignar vitaliciamente trozos presupuestales a los egresados normalistas –vía la entrega de plazas automáticas- en Guerrero, Michoacán y Oaxaca o bien aumentar el personal administrativo. Los sindicatos magisteriales continúan presionando para obtener canonjías; el problema de los comisionados sigue presente y en transición a una etapa de simulación y ocultamiento, incluyendo el intento de hacerlos pasar por tutores aunque no cumplan los requisitos marcados por el INEE.

No hay recetas mágicas para implantar la rendición de cuentas en la educación, pero el acceso a mayor información ha demostrado ser útil para mejorar el escrutinio público. Es hora de cuidar que el gasto educativo asignado en el PEF 2015 llegue efectivamente a aquellos para los cuales fue pensado: los niños y jóvenes de nuestro país.