Opinión

¿Gastamos para la inclusión?

 
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Salón. (www.ehui.com)

Por Jennifer L. O’Donoghue.

El derecho a aprender no es selectivo. Todas y todos, no importa dónde nacimos o cuál es nuestro contexto actual, debemos tener acceso a oportunidades para aprender “al máximo” – como está plasmado en el Artículo 3º constitucional – lo que queremos y lo que necesitamos para desarrollarnos plenamente.

Uno de los papeles centrales de la escuela, como principal mecanismo para la protección y promoción del derecho a aprender, es precisamente la redistribución de oportunidades. La escuela debe ser un proyecto de la comunidad caracterizado por altas expectativas y una riqueza de oportunidades y retos, donde todas y todos pueden participar y desarrollarse más allá de lo esperado por ese contexto.

Desde hace varios años, en Mexicanos Primero hemos argumentado que “origen no tiene que ser destino”; el hecho de haber nacido en un contexto desfavorecido no debe significar la limitación de las oportunidades de vida. Sin embargo, la evidencia en México es contundente: la gran mayoría de los estudiantes que viven en situaciones de mayor precariedad no desarrollan los aprendizajes esperados. Los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) para 2015 demuestran claramente esta exclusión. Al término de la primaria, cuatro de cada cinco estudiantes en escuela indígena y dos de cada tres en contextos de alta marginación no han logrado un nivel mínimo de aprendizaje, limitando drásticamente sus posibilidades de seguir aprendiendo en secundaria y a lo largo de sus vidas (matemáticas, 6º de primaria).

Cambiar esta situación de exclusión, movernos hacia un sistema educativo incluyente, que atiende y responde a la diversidad de necesidades de tod@s, requerirá de transformaciones profundas en múltiples campos – desde contenidos y enfoques hasta estructuras y estrategias. Uno de los más importantes es el gasto educativo. La garantía del derecho a aprender requiere de un gasto progresivo, de equidad, de dar más a los que menos tienen. Otorgar recursos iguales para condiciones desiguales sólo sirve para cristalizar la inequidad y representa una violación del derecho a aprender.

Hace unas semanas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2017. Sus implicaciones para el derecho de los niños a aprender son graves: recortes importantes en formación continua de docentes, educación inicial, evaluación de aprendizaje, programas de inclusión y equidad e infraestructura. Este panorama nos debe preocupar mucho, aunque no nos debe sorprender.

Lo que estamos viendo actualmente es la interacción de una situación coyuntural con un problema estructural de larga historia. Hace más de tres años documentamos el malgasto en el uso de los recursos “para la educación” en México (Malgasto, 2013). Desde ese entonces, se han hecho cambios importantes en el marco normativo para la educación, pero se complica mucho implementarlos por los males en el gasto que venimos arrastrando históricamente. Seguimos con un gasto 1) ineficaz, que no llega a donde tiene que llegar; 2) inequitativo, que no apoya a los que más lo necesitan; 3) capturado, que limita la participación amplia y concentra los beneficios en pocos; 4) ineficiente, que no cumple el círculo presupuestario; 5) opaco, que no transparenta su uso (sobre todo en los estados); y 6) corrupto, que sigue siendo desviado para enriquecer a pocos a costa del presente y futuro de millones. Se trata de un problema histórico que no hemos sido capaces de corregir, y esto nos lleva a una situación que garantiza la exclusión de casi tod@s de poder ejercer su derecho a aprender.

Entonces, ¿gastamos para la inclusión? No. No ahora, no en el pasado, y con el PPEF 2017, no en el futuro próximo. Al contrario, la forma en que gastamos los recursos públicos para la educación en México aumenta las brechas sociales. El mal gasto es el principal promotor de la exclusión en México.

Tomar con seriedad nuestra responsabilidad social de proteger y promover el derecho a aprender, requerirá de una visión real de inclusión, que abarca a todas las niñas, niños y jóvenes, así como reformas que van más allá de “la reforma” al sistema educativo. Si no cambiamos cómo gastamos, no cambiaremos quiénes – y cómo - aprenden.

La autora es directora de Investigación, Mexicanos Primero.

Twitter:@jennodjod

www.mexicanosprimero.org

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