La desigualdad entre mujeres y hombres es uno de los grandes pendientes en México y en el mundo. La pandemia por el Covid-19, aunque ha afectado a toda la sociedad, ha impactado particularmente a las mujeres. Por esta razón, los esfuerzos de los países deben enfocarse a una recuperación económica rápida y sostenida en el corto plazo, con un crecimiento de mediano y largo plazos que debe ser sustentable. Para ello, es indispensable incorporar en la política económica y financiera, una perspectiva de género.
Una mayor inclusión de las mujeres en la economía y en la fuerza laboral remunerada permitirá impulsar el crecimiento y la productividad del país. Por ejemplo, el Banco Mundial estima que, si la participación de las mujeres en México fuera igual a la de los hombres, el PIB per cápita sería 22 por ciento más alto. Esto, por la sola incorporación del talento de las mujeres en la economía y sin contabilizar el efecto adicional de la productividad asociada.
Por esto, es importante desarrollar políticas que aborden esta disparidad, atendiendo su complejidad y naturaleza transversal dentro del campo de las políticas públicas. Desde el espectro financiero, se pueden impulsar instrumentos que vinculen y garanticen el uso de recursos disponibles para proyectos que promuevan la equidad de género. Y para lograr este objetivo, el sector financiero y las autoridades reguladoras tienen un papel fundamental.
Para generar un ecosistema financiero que impulse el crecimiento sustentable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desarrolló un marco de referencia que hace que esto sea posible. Bajo este modelo se emitió el primer bono soberano a nivel mundial que liga financiamiento de capital con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por las Naciones Unidas. Además, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, una de las bancas de desarrollo mexicanas, emitió el primer bono social con enfoque de género para mejorar el acceso al financiamiento de las mujeres y ampliar la cartera de inversión en empresas lideradas por mujeres.
Este tipo de instrumentos financieros genera un canal de comunicación directo entre los inversionistas que buscan asignar su capital en proyectos de impacto social. Al mismo tiempo, aumentan la transparencia en el uso de los recursos e incrementan significativamente el compromiso en la consecución de los objetivos, principalmente, porque el emisor de instrumentos debe entregar un reporte de impacto a los inversionistas.
Por esta razón, una política financiera sostenible es un mecanismo adecuado no sólo para atender retos de cambio climático y medio ambiente, sino también para tratar brechas sociales como las de género en la movilización de capital. Lo más importante de este tipo de políticas es promover proyectos que impacten directamente en la incorporación del talento de las mujeres en la economía.
Actualmente, la participación laboral de las mujeres en México es una de las más bajas en América Latina. Este problema se ha venido acentuado en la última década, reflejo de ello es el bajo crecimiento anual y tamaño del sector informal. Al ritmo que vamos, México tardaría un cuarto de siglo en lograr que la mitad de las mujeres se incorporen a un trabajo formal renumerado y un siglo en lograr que tengan la misma participación laboral que los hombres. Esta situación ha empeorado con la pandemia. El empleo de las mujeres es el que más lento se ha recuperado y su reincorporación está siendo limitada por una recuperación asimétrica de sectores. Por este motivo, la construcción de un ecosistema financiero sustentable que financie un crecimiento con perspectiva de género no solo es prioritario, sino urgente.
En este contexto, en los últimos años, el sector financiero mexicano ha venido adoptando los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) y desarrollado una taxonomía verde que permite mapear riesgos ambientales de los proyectos que financia y al mismo tiempo reportar el impacto financiero de estos riesgos. En esta línea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha impulsado, en foros internacionales, que las taxonomías deben ser transformadas de verdes a sostenibles para incluir riesgos asociados a las desigualdades sociales, sobre todo, aquellos relacionados con las brechas de género.
Adicionalmente, para movilizar capital con criterios de género es importante eliminar los sesgos y la discriminación, y por este motivo, es importante una mayor participación de mujeres en la toma de decisiones y en el diseño de productos financieros. Actualmente, existe evidencia de discriminación financiera por causas de género. Por ejemplo, hay un mayor otorgamiento de crédito para hombres que para mujeres, aun y cuando las mujeres son mejores pagadoras. En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está impulsando la implementación de medidas regulatorias que tomen en cuenta estos sesgos y puedan aumentar el otorgamiento de crédito y reducir las tasas de interés para las mujeres.
Esta es una de las principales razones para que las autoridades reguladoras del sector financiero estén promoviendo activamente una participación paritaria de mujeres y hombres en comités y consejos directivos de las instituciones financieras mexicanas. Sin embargo, en México solo 9 por ciento de los consejeros de administración de las empresas que cotizan en Bolsa tienen mujeres, esto es tres veces menor a lo observado en países de la OCDE y menos del 5 por ciento de los bancos con licencia en el país están dirigidos por mujeres.
Por ello, resulta necesario enfocarnos en eliminar las brechas de género e implementar una política económica y financiera transversal para absorber el talento de las mujeres en la economía.
El Covid-19 generó una divergencia entre las necesidades sociales y las necesidades de financiamiento en el mundo. Sin duda en los siguientes meses, la recuperación económica mundial irá consolidándose conforme la estrategia de vacunación de cada país es implementada. De cara a la Convención Nacional Bancaria, no hay momento más oportuno para discutir sobre el papel de los bancos y las autoridades en la recuperación en el corto plazo, pero también para reflexionar sobre las brechas sociales que impiden un crecimiento sostenible con inclusión de género para el país.