M uchos tenemos en mente al 'burócrata de ventanilla', malencarado, que en la mayoría de las ocasiones te atiende con desdén y con una actitud de 'te estoy haciendo un favor', cuando deseamos llevar a cabo un trámite que en muchas ocasiones consideramos sin sentido. Otras veces pensamos en el burócrata 'de alto rango' —que en muchas ocasiones no queda claro el valor que agrega a una sociedad como la nuestra con tantas necesidades—, que se transporta en un coche de máximo lujo, seguido por dos coches llenos de guardaespaldas, llegando al mejor restaurante de la ciudad y de manera déspota se dirige un día cualquiera a comer los más selectos platillos, acompañados por una botella de vino de alto precio, todo pagado con nuestros impuestos. Considero que parte de esto fue uno de los detonadores del hartazgo mostrado en las urnas el pasado 1 de julio.
El objetivo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es tener un mejor gobierno y que sea más barato, con el fin de reasignar el gasto público hacia programas sociales y de infraestructura. Creo que nadie puede decir que no es un objetivo loable y compartido por la mayoría. Yo creo que es un gran objetivo y deseo profundamente que se logre. Sin embargo, pregunto: ¿Lograremos este objetivo pagando poco a los funcionarios públicos? ¿Nadie debe ganar más que el presidente de la República? En lo que resta de la columna, comentaré sobre cuatro aspectos que considero muy relevantes en este sentido.
(1) Mucho sacrificio, poco ahorro. La 'alta burocracia' del gobierno federal está compuesta por el presidente, los secretarios, subsecretarios, titulares de unidad, directores generales, directores generales adjuntos, directores de área, subdirectores y jefes de departamento (sin tomar en cuenta al Banco de México, el INEGI y otros organismos autónomos). En total, estos funcionarios públicos suman poco más de 55 mil empleados y la nómina total este año ascenderá a 45 mil 700 millones de pesos. Si se reduce el sueldo del personal que ocupa estos puestos a la mitad, estaríamos hablando de 22 mil 850 millones de pesos, a los que hay que sustraer la recaudación de la recaudación por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) de seis mil 855 millones de pesos (asumiendo una tasa promedio de 30 por ciento). Con esta reducción, el gobierno federal se podría ahorrar 15 mil 995 millones de pesos. A simple vista se escucha como una cantidad importante. Sin embargo, esto significa sólo el 3.2 por ciento de los 500 mil millones de pesos que nuestro presidente electo desea reasignar de gasto público. En este sentido considero que es un sacrificio muy importante para nuestros funcionarios públicos —que con la reducción tal vez ya no puedan enfrentar ciertos compromisos como las colegiaturas de sus hijos o pagos de hipoteca, por ejemplo—, que desafortunadamente no representa un ahorro significativo en finanzas públicas.
(2) Dificultad para atraer los mejores talentos. Hay un dicho anglosajón que dice: 'Ofrece pagar cacahuates y sólo podrás contratar changos'. Considero que este dicho no se aplica a todos los niveles, ni en todos lo casos. Sin embargo, creo que hay una masa muy importante de funcionarios públicos especializados en actividades que sólo se llevan a cabo en el sector público (e.g. valuación social y planeación de proyectos de infraestructura de gran calado, detección de evasión fiscal, fabricación de billetes, gestión de reservas internacionales). Si estos funcionarios no reciben una compensación que se adecúe a los conocimientos, experiencia y esfuerzo que llevan a cabo, encontrarán que sus conocimientos y experiencia serán más valorados en el sector privado o querrán reinventarse y hacer otra cosa. Así, se perderían años de experiencia o no se podrían atraer a los mejores talentos. En mi opinión, si queremos un mejor país hay que contar con funcionarios públicos conocedores y con experiencia, es decir, mejorar lo que hay que mejorar y dejar lo que hoy en día funciona.
(3) Incentivos para mayor corrupción. Con un sueldo bajo se pueden generar incentivos para corromperse. Aunque reconozco que no necesariamente implica una relación causal, utilizando datos de Transparencia Internacional y de la Organización Mundial del Trabajo, existe una muy alta correlación negativa entre el nivel de salarios y de corrupción. Es decir, en los países donde se pagan salarios más bajos, se tienen mayores niveles de corrupción.
(4) No importa que funcionarios públicos ganen más que el presidente. En muchos países, los funcionarios públicos especializados ganan mucho más que su presidente o que el titular de su secretaría o dependencia. Un ejemplo claro es el Banco de la Reserva Federal de EU (Fed). De acuerdo a una investigación de Reuters en 2014, la expresidenta del Fed, Janet Yellen, ganaba un salario de 202 mil dólares al año. No obstante, Yellen ganaba menos que 113 funcionarios de alto nivel del Fed, como el Inspector General Mark Bialek, que ganaba 312 mil dólares, entre muchos otros. En los Estados Unidos —como en muchos países más—, les queda claro que no es lo mismo elegir a alguien para el servicio público, como un presidente, un gobernador o un diputado, que contratar a alguien con talento, conocimientos, experiencia y actitud, para que desempeñe una labor específica, de la mejor manera posible.