Opinión

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El Judicial

    
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Suprema Corte de EU

Toda su vida Donald Trump ha tenido una actitud ambigua ante la ley. Desde hace años ha sido objeto de acusaciones mercantiles, laborales y fiscales. Contratos rotos, quiebras dudosas, fraudes, despidos injustificados y evasión de impuestos han sido la constante en su historia como empresario. Si no ha pisado la cárcel es gracias a que ha podido cubrir los honorarios de hábiles abogados y las millonarias indemnizaciones a las que ha sido condenado.

Los ingresos y gastos de su campaña todavía no terminan de auditarse pero es conocido que sobrefacturó la renta del avión y de locales de su propiedad. Tampoco se ha acabado de determinar si el gobierno ruso tuvo que ver en la intercepción y difusión de comunicaciones de su contrincante. En las cuatro semanas que han pasado desde que juró el cargo, ha despertado sospechas de conflicto de interés la forma tan confusa en que se está desvinculando de sus negocios. Igualmente, levantó suspicacias por haber asignado funciones oficiales a sus hijos y a su yerno. Pero lo que más preocupa es la probable inconstitucionalidad de las órdenes ejecutivas que ha emitido y el ataque a los jueces que las han cuestionado.

En teoría, la rama Judicial del gobierno cuenta con fuerza suficiente para frenar los abusos de la Ejecutiva que, a su vez, está compensada por la Legislativa.

El sistema político no siempre funciona. Es el caso del nombramiento de los jueces federales, incluidos los de la Corte Suprema. Son propuestos por el presidente, pero para garantizar su independencia son vitalicios y el Senado debe confirmarlos. En la práctica, se tiende a designar juzgadores compatibles con los intereses de quien ocupa la Oficina Oval, lo que complica el proceso de ratificación y politiza la judicatura. Estando empatada la composición de la Suprema Corte entre liberales y conservadores, la mayoría en el Senado nunca aceptó a Merrick Garland, impulsado por Obama. Ahora será la minoría demócrata la que ponga obstáculos para aprobar a Neil Gorsuch, promovido por Trump.

A eso hay que añadir que, precisamente por el bloqueo republicano, actualmente hay un número extraordinario de vacantes: 91 jueces de Distrito (la tercera parte del total) y 18 magistrados de Tribunales de Apelación (la mitad). Como contraste, al iniciar su mandato Ronald Reagan sólo encontró 34 plazas desocupadas. De nominar Trump sólo personas afines, quedaría alterado por mucho tiempo el equilibrio en los juzgados.

Al Judicial le compete discernir si el Ejecutivo cumple y hace cumplir las leyes. También, declarar la constitucionalidad de sus actos. Pero esto es muy relativo, ya que el Departamento de Justicia y los fiscales dependen de él.

Incluso puede otorgar perdones sin dar muchas explicaciones. Nixon lo hizo con el mafioso Jimmy Hoffa; Ford con Nixon (por lo de Watergate); Clinton con la asaltabancos Patty Hearst, con exgobernadores corruptos y con su hermano Roger, acusado de posesión de cocaína.

Lo más problemático es que, con algunas enmiendas, la Constitución conserva la redacción de hace más de dos siglos. En forma general, breve y vaga se declaran los derechos fundamentales, dejando un amplísimo campo para la interpretación. Eso ha dado lugar a un permanente enfrentamiento entre textualistas, que se apegan a la letra de la ley y a su significado original, que no evoluciona en el tiempo; y pragmáticos, que la consideran un documento 'vivo' y le dan gran valor a los precedentes y a las posibles consecuencias. De ahí las inacabables polémicas sobre el derecho a poseer armas, por ejemplo.

En este contexto, no es ninguna novedad el enfrentamiento de Trump con un juez de Distrito y un tribunal de Apelaciones, que buscan anular su decisión de prohibir la entrada a Estados Unidos a personas de siete países de población predominantemente musulmana, supuestamente para prevenir el terrorismo.

Basta recordar que en materia migratoria, luego del ataque a Pearl Harbor, sin fundamento legal alguno y sólo alegando razones de seguridad nacional, Franklin D. Roosevelt desplazó o envió a campos de internamiento a miles de ciudadanos americanos de ascendencia japonesa. Eventualmente la Suprema Corte determinó que fue una medida de carácter racista, violatoria de los derechos civiles.

El equilibrio entre poderes continuamente se pone a prueba y no siempre se consigue: excesos graves no logran evitarse y quedan impunes.

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