Opinión

Frenos y contrapesos: El Congreso

 
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Desde que juró su cargo hace tres semanas, Donald Trump ha tomado decisiones que parecen exceder sus competencias legales y ha afectado derechos de diversos grupos. Por ello, muchos piensan que es un peligro para la democracia liberal y está en camino de convertirse en un autócrata. ¿Será posible?

En teoría, el sistema de gobierno de Estados Unidos se diseñó precisamente para evitar esa eventualidad. Los funcionarios públicos están sujetos a la ley y no pueden hacer más de lo que ella les permite. El gobierno se divide en tres ramas con atribuciones exclusivas claramente definidas (crear las leyes, hacerlas cumplir e interpretarlas) y que se limitan entre sí, ya que cada una tiene la capacidad de frenar y contrapesar a las otras dos. Esto las induce a compartir el poder y evita que abusen de los ciudadanos.

Veamos qué tanto está controlado un presidente por el Congreso. Desde luego, el primero no tiene autoridad para elaborar leyes, pero sí puede vetarlas. Esto se logra evitar si se oponen las dos terceras partes de los legisladores. Sin embargo, en décadas recientes sólo uno de cada cinco vetos ha sido superado.

El Ejecutivo puede convocar a sesiones especiales de las cámaras y recomendar que se legisle sobre alguna materia importante, más no tiene forma de determinar el resultado. El vicepresidente disfruta de voto de calidad en el Senado, pero raramente lo hace valer. De hecho, Mike Pence es el primero en la historia que desempata la confirmación de un miembro del gabinete (la nueva secretaria de Educación, Betsy DeVos).

Supuestamente el inquilino de la Casa Blanca nada logra sin la aquiescencia de los ocupantes del Capitolio. Depende de ellos para determinar el presupuesto y disponer de fondos, para crear agencias o programas, para que le confirmen la designación de sus principales colaboradores, para ratificar los tratados y para declarar la guerra. En último caso, le pueden abrir investigaciones, iniciarle juicio y removerlo.

Todo ello depende de la fuerza del partido del presidente. A Barack Obama los Republicanos no le permitieron pasar muchas de sus reformas, tratados y nombramientos.

Pero aún en la eventualidad de que goce de superioridad en ambas cámaras (como sucede ahora mismo), los representantes se indisciplinan si así se los exige la posibilidad de ser reelectos.

Históricamente el Senado ha dado amplia facilidad para que la administración negocie tratados, incluso por la vía rápida, no aprobando artículo por artículo (fast track). De hecho, casi todos los acuerdos comerciales (como el TLCAN o el ingreso a la OMC) se han manejado como legislación ordinaria, que requiere mayoría simple y no de dos tercios, como los tratados propiamente dichos. Incluso algunos se han pasado como acuerdos ejecutivos, sin intervención parlamentaria alguna, con el pretexto de que son por un tiempo determinado.

Por otra parte, los presidentes se han arrogado el privilegio de revocar tratados sin la aprobación de los representantes populares, como hizo George W. Bush en 2002 con el de Misiles Antibalísticos (ABM).

La declaración de guerra también es una facultad de congresistas y senadores que el Ejecutivo les ha disputado eficazmente, ya que la Constitución no determina circunstancias precisas. Fuera de las guerras mundiales, Estados Unidos se ha involucrado en gran número de conflictos armados sin una declaración formal. La War powers resolution de 1973 obliga a informar al Legislativo cuántos efectivos y por cuánto tiempo se desplegarán, pero no le han hecho caso. Apenas en 2011 Obama la ignoró cuando ordenó el ataque a las defensas aéreas libias.

El juicio político es una facultad que poco se ha activado y nunca ha concluido en la remoción de un mandatario. Richard Nixon (caso Watergate) renunció a medio proceso y a Bill Clinton (caso Lewinsky) lo exoneraron de los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia, ya que teniendo el control del Senado (55), los republicanos no lograron que uno solo de los demócratas lo considerara culpable, para alcanzar la votación requerida (67). Por cierto que uno de los que querían procesar al expresidente fue Jeff Sessions, que ahora está postulado por Trump para ser procurador y se las está viendo muy difíciles para conseguir que sus colegas lo confirmen.

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