Opinión

¿Fraude en 2015?

Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dijo la semana pasada que nadie podrá alegar fraude en las elecciones de 2015 porque la reforma electoral da certidumbre a los comicios. Gustavo Madero, presidente del PAN, contestó que sí puede haber fraude “si el PRI sigue comportándose como históricamente lo ha hecho”. Por su parte, los coordinadores del PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados dijeron que no darán un “cheque en blanco” ni aceptarán por anticipado los resultados electorales, pues aún subsisten prácticas fraudulentas.

El PAN fue el principal impulsor de una reforma electoral cuyo propósito es justamente generar mayor equidad y legalidad de los procesos electorales. Pero la declaración del líder panista sugiere que él no cree que esa reforma garantice transparencia y juego parejo. Claro, se puede argumentar que las reglas están bien diseñadas, pero que sólo sirven si se cumplen. Sin embargo, un sistema normativo eficaz implica no sólo el diseño de los preceptos, sino el andamiaje para que sean observados y los infractores sancionados.

Si desde ahora se sugiere posible fraude, aun sea de forma retórica y simplista, la conclusión es clara: la aceptación de los resultados del próximo año dependerá no de la legalidad del proceso sino de los resultados. Si al PAN le va bien y aumenta su número de legisladores y gana dos o tres gubernaturas, celebrará la reforma y acatará los resultados (obviamente). Pero si el resultado es adverso podrá acusar que hubo fraude.

Una de las formas de evaluar la calidad y eficacia de un sistema electoral es el acatamiento de los resultados por parte de los contendientes. Que se acaten no sólo depende de la autoridad, sino de la eficacia de las reglas del juego, la legitimidad del sistema democrático y también de la responsabilidad política de los partidos y candidatos.

Tiene razón Miguel Alonso Raya, coordinador de los diputados del PRD, cuando pone en duda la eficacia de las nuevas reglas electorales para inhibir las prácticas irregulares, según él orquestadas por los gobernadores priistas, aunque han sido de todos los partidos –incluido el suyo– que han intervenido indebidamente en los comicios de sus entidades y a veces de otras, notoriamente a través del financiamiento paralelo de campañas.

Aunque la reforma electoral no ataca el fondo de ese problema, todos los partidos la aprobaron y eso debería implicar un compromiso político para defender los resultados que emanen del proceso. Si sabían que la reforma era insuficiente para combatir el financiamiento ilegal, ¿para qué aprobarla por unanimidad? Si lo que importa no es la reforma, sino las costumbres de los políticos, ¿entonces para qué reformar y hacer aún más complejo y difícil de cumplir el marco electoral?

Carece de lógica que algunos partidos hayan aprobado una reforma electoral por unanimidad y a la vez sugieran que el fraude es posible en 2015. Si ese mal llamado fraude es posible –en realidad se refieren a irregularidades como el financiamiento paralelo o la adquisición encubierta de cobertura noticiosa– se debe a que la reforma no atacó los problemas de fondo y tales estrategias se repetirán nuevamente. Ojalá que la mayor vigilancia que podrá ejercer el INE en algunas entidades reduzca la incidencia de esos problemas, pero es imposible erradicarlos mientras no se ataquen desde la raíz.

No hay nada nuevo bajo el Sol: los partidos de oposición –y esto lo hizo también el PRI cuando lo fue en la década anterior– mantendrán un cuestionamiento latente del proceso electoral y una acusación de posible fraude durante cada etapa. Una vez conocidos los resultados, usarán esa estrategia para a) argumentar que a pesar de los intentos del PRI de cometer irregularidades pudo más la voluntad ciudadana; o b) decir que los gobernadores (sólo los del PRI) metieron mano, compraron votos y violaron la voluntad de los electores.

Aunque hay un mar de diferencia entre las reglas actuales y las de antes, la percepción de limpieza de las elecciones en 2015 dependerá, en parte, de qué tanto pierde el PRI, como ocurría en los años ochenta y noventa. Aunque la alternancia en la presidencia de la República en 2000 rompió ese síndrome en el ámbito nacional, una década después regresa.

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