Una de las atribuciones más poderosas del Estado es la de incautar bienes a los gobernados. El "aseguramiento de bienes" pertenece a la gama de los actos de molestia jurídicamente válida en afectación de particulares, por mediar para ello causas ciertas, razonables, ineludibles; otro rasgo complementario de esa eventual y llamativa facultad estatal, en una democracia constitucional, consiste en que, de llegar a retener bienes privados, sea inclusive sobre los de servidores públicos (en activo), naturalmente de haber objetivos motivos.
Pero una señal de identidad democrática que viene a robustecer esa clase de actos públicos indeseables, pero inevitables a menos que obre incompetencia gubernativa o corrupción es que dicha información sea pública y accesible. O sea, que no haya opacidad sobre los alcances de esa potestad del Estado y además el destino de los bienes que fueron parte de tales operativos de autoridad.
Importa a todos saber la dimensión en cifras y detalles de la tipología de "bienes asegurados" de procedencia ilícita. Casas, mansiones, edificios, departamentos, ranchos, locales comerciales, títulos de crédito, Cetes, acciones de la bolsa de valores, joyas, dinero en efectivo, dólares, euros, animales exóticos o en peligro de extinción o sus pieles y colmillos de marfil, vehículos terrestres, aéreos y hasta marítimos, drogas, obras de arte, etcétera.
La Procuraduría General de la República, en el combate a la delincuencia y en el ejercicio de sus atribuciones, asegura bienes que presumiblemente son instrumento, objeto o producto de delito para con ello:
• Limitar el flujo de recursos de la delincuencia organizada, vulnerando así la reinversión de estos recursos en actividades delictivas y,
• Prevenir e impedir que los sectores que realicen "actividades vulnerables" sean utilizados por la delincuencia organizada para reutilizar los recursos obtenidos en la comisión de actividades delictivas.
Lo anterior, es a la luz de la legalidad para proteger el sistema financiero y la economía nacional de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Y de evitar que tales bienes permanezcan, se intercambien o escondan en las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y contaminen la economía legal del país, sin consecuencias para los responsables de esas conductas.
Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (El INAI), ordenó a la Procuraduría General de la República, realizar una búsqueda y entregar a la particular que así lo solicitó, respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, una relación estadística de los bienes asegurados por el sujeto obligado, durante el período comprendido del 01 de enero de 2007 al 30 de diciembre de 2017; lo cual podrá ser obtenido de forma enunciativa más no limitativa, del Centro Nacional de Control de Bienes Asegurados.
En su respuesta, al particular que reclamaba esa información, la PGR únicamente proporcionó una relación en la que se especificó la información relativa a los aseguramientos realizados con el desglose por año, situación que no satisfizo el requerimiento, pues la particular solicitó el listado de bienes, motivo por el cual, inconforme, interpuso recurso de revisión ante el INAI manifestando como agravio la entrega de la información por ser incompleta. Con toda razón.
El recurso fue turnado a mi ponencia y tras realizar un análisis a las facultades y unidades con las que cuenta la PGR fue posible proponer al pleno del INAI ordenar se realice una búsqueda de lo pedido en todas las unidades administrativas que resulten competentes entre las cuales no podrá omitir la Oficialía Mayor, la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial de la Delincuencia Organizada y la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, y sea entregada a la particular.
Es urgente que la ciudadanía haga escrutinio sobre estas y otras atribuciones públicas sobre las que seguido se hace alarde aislado en forma de noticias que las proyectan como "golpes al crimen organizado" pero que luego no hay claridad de cuanto haya sido el monto exacto de lo asegurado y luego, otro tema el destino de lo asegurado en el tiempo, que pasó con lo asegurado y si eso se transforma o se demerita, etcétera.
La función persecutoria de los delitos, y, en concreto, el combate a la "delincuencia organizada" que ha teñido de sangre y violencia desbordada en todo el territorio nacional y la certidumbre que en el negocio que envuelve al narcotráfico y sus derivadas son fuentes directas e indirectas de corrupción.
Aparte. A propósito, y a título personal, urge se culminen los nombramientos de los cargos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. La nueva integración del Senado de la República espero, tomará pronto las decisiones correspondientes.