Opinión

Fracasa la comunicación electoral

  
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Spots

Por fin, terminaron las campañas y con ello la transmisión de cerca de diez millones de spots en los últimos cinco meses con un costo comercial que ronda los siete mil millones de pesos y cuyo resultado, lejos de fortalecer al modelo democrático, lo debilitó e hizo mella en la propia credibilidad de las instituciones electorales, así como de los actores políticos.

El fracaso de este modelo de comunicación electoral influye definitivamente en incrementar los niveles de desconfianza de la población en los procesos electorales y en incidir en el abstencionismo, que será el común denominador en las entidades donde se va a elegir gobernador y por supuesto en la Ciudad de México, con la elección del Constituyente.

La espotización no ha contribuido para elevar el nivel del debate ni mucho menos a la construcción de propuestas que planteen soluciones a la problemática que aqueja a la ciudadanía.

El hartazgo provocado por la espotización resulta un gran reto que se habrá de revertir en la nueva reforma electoral en la materia que ya se cocina en la Cámara de Diputados.

La reforma aprobada en el 2007 buscó terminar con los excesos que dan los recursos económicos privados y públicos para la compra de espacios en los medios electrónicos. Se prefirió poner a disposición de los partidos políticos los tiempos oficiales, en lugar de diseñar un andamiaje electoral que permitiera la libre expresión de las ideas de los políticos, de la sociedad, así como de los propios medios de comunicación.

La propaganda electoral pasó de un extremo al otro, de la insulsa guerra sucia y la saturación, de la compra de espacios en los medios electrónicos sin ninguna limitante, al control férreo del Estado. En lo que sí coinciden ambos modelos de comunicación política es en coartar la libertad de expresión, principalmente de los periodistas.

Regímenes represores y autoritarios se regocijaron con la manipulación que hicieron de los medios publicitarios y de comunicación a su alcance para manipular a sus ciudadanos. Lo mismo ocurre hoy en nuestro país, con el manejo total del Estado sobre la propaganda electoral.

Por si fuera poco, además de los tiempos oficiales, se le dieron a los partidos políticos y candidatos independientes recursos públicos del orden 2, 233 millones de pesos para las campañas.

El domingo, 5 de junio, será el epítome de la reforma electoral vigente y con ello, esperamos, se cierre un negro capítulo de la democracia mexicana. Mientras tanto, el PRI, el PVEM y el PANAL ya tienen preparado el paquete de medidas legislativas que dará luz a la reforma electoral que normará la elección presidencial de 2018.

Mientras se alista la judicialización de los resultados de los comicios en por los menos cinco entidades: Veracruz, Zacatecas, Tlaxcala, Tamaulipas y Quintana Roo, el Congreso y los representantes de los institutos políticos en el INE, caminan articulados por una estrategia común para promover una reforma electoral en la que los tiempos oficiales del Estado dejen de usarse en temas de promoción electoral.

Ya era hora, porque para corroborar que el actual modelo de comunicación política ha sido un fracaso, sólo hay que ver el hartazgo provocado por las campañas recientes.

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