Opinión

Focos rojos en Acapulco

El estado de Guerrero es un desastre, situación que se materializa de manera muy palpable en Acapulco donde, como nunca antes, se han encendido los focos de alarma.

El daño ocasionado por los desmanes cometidos por diversos grupos que protestan por los trágicos sucesos de Ayotzinapa ha repercutido fuertemente en la economía local, afectando a una población que en su mayor parte vive del turismo.

Los números proporcionados por los empresarios del destino son dramáticos: 14 mil reservaciones de hotel canceladas en los últimos 45 días, con la pérdida directa de quince millones de pesos para el segmento de alojamiento; el desempleo de 60 por ciento de los trabajadores permanentes y la cancelación de cinco mil plazas eventuales que restaurantes y hoteles habían pedido para cubrir el pasado fin de semana largo, pensando que, como suele ocurrir en estos periodos vacacionales, estarían a tope en la cantidad de turistas.

Si el fin de semana largo correspondiente al Día de Muertos registró en el puerto 40 por ciento menos de ocupación hotelera a lo acostumbrado, y habrá que esperar a ver los resultados del que acaba de pasar del aniversario de Revolución Mexicana, para saber qué tanto más ha crecido el daño.

Pero, sean cuales sean los números, ese perjuicio ya está hecho.

Ahora, la alarma está puesta en lo que viene: diciembre, que suele ser una de las principales temporadas altas del año y que también está en peligro de venirse abajo. Sobre todo porque el conflicto no amaina y porque a las autoridades estatales no se les ve intención de intervenir para poner orden y evitar que las legítimas muestras de inconformidad de normalistas y familiares de los estudiantes desaparecidos se den fuera de la legalidad.

Ninguna confianza infunde el nuevo gobernador, Rogelio Ortega Martínez, que sólo se ha limitado a conminar a que quienes en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa han cometido actos ilegales, cambien su método violento de protesta. Es decir, violar o no la ley, lo deja al libre albedrío de los manifestantes. Así que, si deciden hacerle caso, pues qué bueno, todos los acapulqueños se los van a agradecer; pero si no, pues ni modo, la Policía únicamente seguirá observando cómo cierran autopistas y aeropuertos, cómo queman edificios y saquean centros comerciales. “No voy a reprimir para no victimizar a los manifestantes”, ha dicho el gobernador interino, como si hacer cumplir la ley a un puñado de activistas que se han excedido brutalmente y cuidar los derechos de los ciudadanos pacíficos, que son la inmensa mayoría, fuera sinónimo de represión.

La violencia se hizo patente en Acapulco cuando en 2005 fue asesinado el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Alejandro Iglesias, año en que se registraron 40 ejecuciones en la ciudad. Después vino la lucha abierta de bandos contrarios del crimen organizado por el control de la plaza, que incluyó descabezados y asesinato de policías.

Esta situación contribuyó para que se siguiera alejando de Acapulco el turismo extranjero que hoy casi es inexistente. Pero la industria turística de este destino tiene el seguro de ser el balneario preferido de los chilangos, tanto por su cercanía como por su gran rango de precios en hospedaje y comida, quienes digamos que se acostumbraron a la inseguridad del puerto.

Sin embargo, ahora la gran paradoja es que lo que no pudo hacer el crimen organizado -ahuyentar a los turistas nacionales- lo está logrando un movimiento de protesta que ha cancelado, por sus pistolas, una de las garantías individuales de la Constitución: la libertad de tránsito.

La cascada de cancelaciones no se debe al miedo a la violencia de estos grupos, sino al temor de quedarse varados durante horas en una carretera o ante la imposibilidad de aterrizar o tomar un vuelo de regreso porque el aeropuerto está bloqueado.

Y, lo que es peor, ante la parálisis de los gobiernos estatal y federal, que no se atreven a actuar.

¿Qué están esperando? Tal vez a que los miles de afectados también se movilicen y salgan a las calles a enfrentarse a los actuales manifestantes. Entonces tendrán un estado y un país completamente fuera de control.