Opinión

Fiscalía que sirva

     
1
  

        

anticorrupción

En uno de sus últimos ensayos, Giovanni Sartori (La carrera hacia ningún lugar, 2016) cavilaba sobre la capacidad creativa de los actos de destrucción que una sociedad se inflige a sí misma. “¿Cómo es posible –se pregunta Sartori– que la destrucción produzca creación?”. Para el profesor italiano, no todo acto de destrucción es en sí mismo virtuoso, ni cualquier movimiento de cambio libera milagrosamente de los males. La historia está repleta de sacudidas que agravan los problemas o producen otros más perniciosos. Se necesita, dice, que el acto de destrucción sea esencialmente “desbloqueador”, es decir, que elimine los “impedimentos de esa creación”. Con la imagen de un alumbramiento, Sartori traza la línea moral de la ruptura sobre lo preestablecido. “Las condiciones requeridas son dos: la primera, que sea un niño apto para nacer, y la segunda, que no se instaure después un Herodes que lo mate”.

Las procuradurías necesitan un acto de destrucción creativa: la ruptura radical del modelo autoritario de persecución penal hasta ahora vigente. Bajo ese modelo, la persecución de los delitos tiende al propósito de controlar los mercados ilícitos para, desde el poder público, distribuir sus rentas. Lejos de servir al objetivo de aumentar la probabilidad de que un delito se castigue, la función de perseguir los delitos se focaliza en dosificar los grados de impunidad en función de las necesidades de legitimación y estabilidad del régimen. Es el brazo para hacer valer la autoridad del presidente o del gobernador frente a propios y extraños, antes que el instrumento para la disuasión efectiva del delito como reflejo al castigo ejemplar. En la concepción autoritaria de la Procuraduría, la prioridad es modular la venganza selectiva por encima de la reparación del daño, la pacificación de los conflictos y la restauración de la convivencia. Es, fundamentalmente, una palanca de control político para las sombras de lo ilícito: el látigo que mantiene la verticalidad del poder.

La evolución hacia el sistema de justicia penal adversarial no ha alterado los resabios autoritarios de la procuración de justicia. Por el contrario, el desdoblamiento del sistema se ha enfrentado constantemente a la tentación de suplir la debilidad de las procuradurías con chipotes inquisitivos o con excepciones normalizadas a las garantías del debido proceso. Pareciera que el problema radica en el modelo acusatorio y no en la ausencia de prácticas institucionales adecuadas para poner a trabajar ese sistema. El problema de la impunidad no es procesal ni tiene que ver con los supuestos excesos garantistas ni con las desventajas que impone la presunción de inocencia: es el vacío de un modelo funcional de procuración de justicia enfocado en la atención de las causas y en la solución de los problemas que detonan la criminalidad.

Por eso la autonomía, en sí misma, es insuficiente para desbloquear al Ministerio Público de sus impedimentos autoritarios. Sin controles y contrapesos efectivos puede derivar en una perniciosa concentración de poder. Sin duda, la autonomía es un elemento esencial para que esa tarea responda con imparcialidad a la razón técnica de la ley y no a los juicios de oportunidad política. Sin embargo, la autonomía será papel mojado sin incentivos claros a la profesionalización de la función. Más que un mesías justiciero en la silla de la Fiscalía General, necesitamos miles de fiscales, mediadores, conciliadores, peritos e investigadores que atiendan y resuelvan cada caso con diligencia. Más que un superfiscal incoloro, se requieren centenares de fiscales preparados para usar un criterio de oportunidad, activar la acción penal, encontrar una salida alterna o para acercar a las partes en una solución restaurativa; con creatividad para formular teorías de caso, dotados de habilidades para reunir pruebas y formados en destrezas de litigación; abogados con apetito por acumular méritos profesionales frente a la sociedad y frente a su futuro.

Ese modelo difícilmente podrá edificarse en los cimientos de la actual Procuraduría. Debe dejarse morir para que, de sus cenizas, surja algo nuevo. Un periodo transitorio en el que coexista la vieja Procuraduría con una nueva Fiscalía: la primera para la atención de los casos pendientes del antiguo sistema escrito y la segunda para los que se sujetan al sistema acusatorio, con un mecanismo reglado de transferencia de casos y de ministerios públicos, peritos e investigadores por perfiles y méritos. Empecemos de cero, aunque sea un poco más largo.

* El autor es senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

También te puede interesar:
El Diablo
Dudas calderonistas
La base de la letalidad