Opinión

Finalmente, entra Hacienda al debate

07 noviembre 2013 5:2

 
Los impuestos corporativos en México seguirán siendo más bajos que los de 25 países de la OCDE, a pesar de los ajustes de la reforma fiscal.
 
Si se considera el ISR empresarial y el del pago de dividendos a las personas físicas –sólo esos dos impuestos directos-, la tasa efectiva que pagarán las empresas mexicanas será de 37 por ciento sobre las utilidades gravables.
 
 
El país que más impuestos paga, en el análisis de la OCDE, es Francia, con un 65 por ciento; le sigue Estados Unidos con un 55 por ciento.
 
 
Los países en los que menos impuestos se pagan son los de Europa del Este, con niveles que van del 18 al 30 por ciento en naciones como Estonia, Eslovaquia, República Checa o Hungría.
 
 
Los datos anteriores fueron presentados el día de ayer por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, durante el Consejo de Banorte.
 
 
En este evento, que por cierto reunió a expositores de primer nivel, Videgaray también explicó el impacto redistributivo que tendrá la reforma en materia tributaria. En realidad será marginal, de sólo 0.03 por ciento, pese al carácter progresivo de diversos tributos.
 
 
Lo que aún no explicó el titular de Hacienda es el impacto distributivo que existirá por la estructura del gasto público de 2014, que es el dato relevante. Esa es la parte sustancial que aún no se cuantifica debido a que dentro de 8 días como máximo, la Cámara de Diputados deberá definir el presupuesto del próximo año.
 
 
Pareciera que finalmente los funcionarios públicos, y específicamente los de Hacienda, están haciendo lo que en este espacio hemos señalado desde hace semanas: explicar con detalle los alcances reales de los cambios fiscales y del conjunto del paquete.
 
 
Otro de los temas relevantes que Videgaray puso sobre la mesa es el tamaño efectivo del déficit público.
 
 
Considerando la definición del FMI para el concepto más amplio de déficit público, es decir, los llamados Requerimientos Financieros del Sector Público ajustados por ingresos no recurrentes y movimientos de activos, es decir, dejando sólo las necesidades efectivas de financiamiento, se establece que ese coeficiente será de 4.1 por ciento del PIB para el próximo año.
 
 
De entrada la cifra pareciera muy elevada y muy por arriba del 1.5 por ciento que se contabiliza en la definición legal utilizada en México.
 
 
Sin embargo, este mismo concepto fue de 5.1 por ciento en 2009 y de 4.3 por ciento en 2010, los años en los que se expandió el gasto para tratar de compensar la caída de la economía.
 
 
El trayecto previsto de este indicador indica que en el último año del sexenio se habrá bajado a 2.5 por ciento del PIB.
 
 
Pese al anuncio ya hecho por la autoridad en el sentido de que desde este año va a aumentar los montos de papel público que van a ser subastados, las tasas se mantienen en niveles muy razonables. Por ejemplo, la de Cetes a 28 días sigue en niveles cercanos a sus mínimos históricos, en 3.36 por ciento; la del bono a 10 años está en 5.97 por ciento, por abajo del nivel de 6.20 de mediados de este año.
 
 
Obviamente hay muchos temas que son controversiales en todos los aspectos del paquete económico, y en el ámbito tributario habrá muchos que incluso serán litigiosos, sin embargo, finalmente se empieza a escuchar el otro lado del debate –el de Hacienda- que hasta hace pocos días había estado presente en el debate público.
 
Nada mejor para la sociedad que entender los alcances de esta reforma, que hasta ahora ha sido la más polémica, y que requiere de un análisis informado y no basado simplemente en la emisión de opiniones.
 
 
Ojalá haya más polémica.
 
 
Estado de derecho
 
Con la ventaja que le da la perspectiva, ayer Ernesto Zedillo se ganó una gran ovación al participar en el consejo de Banorte. Resumió: el problema número uno de México es falta de Estado de derecho; el número dos, falta de Estado de derecho; y el número tres, falta de Estado de derecho. ¿Así o más claro?
 
 
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