Opinión

Final incierto para la reforma energética


 
Creo que el Pacto por México ha dado buenos resultados en el papel, pero la implementación de algunas reformas puede atorarse por razones políticas, notoriamente la educativa. Pienso que la reforma prioritaria del presidente Peña Nieto es la energética y que por razones tácticas pospuso su presentación y trató de construir un andamiaje de legitimidad cediendo primero a varias demandas del PAN y del PRD, sobre todo en el caso de telecomunicaciones. Intuyo que en aras de mantener al PRD como aliado y suavizar el tránsito hacia la discusión de la reforma energética, en la hacendaria el gobierno cedió a muchas demandas de la izquierda.
 
 
Creo incluso que el cálculo debió ser este: “Damos gusto a la izquierda, evitamos que se polarice antes de pasar a la energética y el agravio del sector empresarial podrá ser paliado con una buena reforma en energía”. Incluso escuché a un senador decir que “una buena reforma energética bien vale una mala reforma hacendaria”.
 
 
Pero la salida del PRD del Pacto por México la semana pasada revela que la estrategia no dio el resultado esperado y que no hubo reciprocidad al final del camino. Hace varias semanas publiqué en este espacio que nadie esperaba que ese partido votara a favor de la reforma energética, pero que propiciar un rechazo “institucional” —quizá con tomas de tribunas pero sin bloqueo de calles— era una meta asequible y benéfica para las partes.
 
 
Que el gobierno y el PRI hayan concedido puntos que demandaba la oposición en educación, telecomunicaciones, transparencia, materia política y electoral no garantiza, como empieza a ser evidente, que haya reciprocidad del PRD y que el final del Pacto por México sea feliz simbólicamente, a pesar de los beneficios en papel que ya ha generado.
 
 
Después de haber logrado que parte de su agenda se transformara en reformas relevantes, es previsible que ahora el PRD transite a una fase antisistema y, junto a grupos como Morena y la CNTE, construyan una narrativa de que el gobierno y el PRIAN engañaron al pueblo de México con la fachada del Pacto por México para vender la riqueza petrolera a los “grandes capitales privados”.
 
 
No sólo se trata de una lectura sesgada, sino que esa narrativa puede detonar un ambiente político que deteriore el clima de estabilidad y que sea gasolina para algunos grupos radicales que buscan pretextos para la movilización y algunos para la violencia.
 
Hay un elemento que dará la razón parcialmente a los grupos opositores a la reforma energética: la negativa silenciosa del gobierno y del PRI a legislar la consulta popular y la petición formal que harán el PRD y líderes de ese partido como Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard, de que se convoque a una consulta popular en 2015 con carácter revocatorio.
 
 
Dice la Constitución que una consulta popular puede ser convocada por un tercio de cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión, o por 2 por ciento de la lista de electores. Será vinculante si participa más del 40 por ciento. El problema, además de que la figura no está reglamentada y que el plazo para hacerlo venció en agosto pasado, es que tales ejercicios sólo pueden ocurrir durante la jornada electoral federal, la más próxima en 2015. Imaginemos la incertidumbre de esperar dos años para saber si la reforma energética es “aprobada” por la sociedad y el efecto inhibidor que ello tendría sobre la inversión.
 
 
Como el Congreso incumplió en agosto pasado el plazo para emitir la ley secundaria, ahora el PRD puede argumentar con razón que la negativa actual a legislar en la materia es para evitar una consulta petrolera. En lo personal creo que la “consulta popular” debería ser sólo de carácter prospectivo, no retroactivo, y que si se hubiese querido que tales ejercicios pudiesen ser revocatorios se debió incluir en la Constitución la palabra “referéndum”. Pero la falta de oportunidad ya complicó mucho las cosas.
 
Como no habrá una ley que regule la consulta popular, el PRD y sus aliados acudirán al Tribunal Electoral que podría darles la razón de que aun sin ley puede realizarse una consulta en 2015; si fallan en ese intento acudirán ante la Suprema Corte y ante tribunales internacionales. Más allá del desenlace legal, el problema es el daño que puede sufrir el ciclo de reformas estructurales más relevantes que ha tenido México en varias décadas. Sería una lástima que en algunos años la percepción que quedara de 2013 sea de que se trató de una simulación para entregar el petróleo a manos extranjeras. Y así puede ocurrir, desafortunadamente.