Opinión

¿Fin del consenso?


Samuel Aguilar Solís
 
El conflicto en un elemento inherente a la dinámica social y política en el que intereses colectivos  e individuales disímbolos se encuentran y desencuentran en la pluralidad. En un sistema democrático, ésta pluralidad que se define como la multiplicación de intereses, se institucionaliza en los partidos políticos. Es en la interrelación de los partidos políticos inmersos en una profunda competencia política que se enfrenta el conflicto por una sola vía: el consenso.
 
Si bien el conflicto es parte de la propia naturaleza de la sociedad, el consenso no es natural en la dinámica social, es un aspecto que requiere ser buscado, construido día a día, de manera tal que el conflicto no se traduzca en parálisis, sino en transformación.
 
En México, el pasado 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec, se firma el instrumento de consenso llamado Pacto por México, con el objeto de hacer realidad las necesarias reformas estructurales que se había postergado desde 1997, año en el que en México la pluralidad se traduce en gobiernos divididos y la falta de voluntad política o la incapacidad de operación política generaron desde entonces una parálisis legislativa de la agenda de reformas de gran profundidad para el desarrollo del país.
 
El Pacto por México se fundamenta en fortalecer el Estado Mexicano, para democratizar la economía y la política; para la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales y la promoción de la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas.
 
Para hacer realidad lo anterior, se establecen; entre otras acciones, que los pactantes impulsarían reformas legislativas para tales fines con un plazo máximo de culminación de implementación de los acuerdos: segundo semestre de 2018.
 
Así, el consenso ha permitido que el pasado 26 de febrero se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma educativa (la reforma constitucional); el 11 de junio de 2013 la reforma en telecomunicaciones, la cual garantiza entre otros preceptos, la integración de la población a la sociedad de la información y del conocimiento, reforzando el libre acceso a la información y se da rango constitucional al derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la banda ancha y al Internet.
 
De la misma forma, la Reforma Financiera ya ha sido aprobada en la H. Cámara de Diputados y está siendo discutida en el Senado de la República y se discuten ya en el Congreso de Unión, la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social junto con el paquete económico y la Reforma Energética.
 
Es importante señalar que si bien el Pacto por México logró el consenso para que las distintas fuerzas políticas se sumaran para alcanzar las reformas que el país requiere presentando iniciativas "trabajadas", no es de extrañarnos que la visión, la ideología, y el orden de prioridades de los Partidos Políticos lleven a establecer propuestas para lograr hacer realidad los compromisos que se establecieron en el Pacto por México al margen de éste.
 
Es ahí en donde la Reforma Política se mueve. En un principio democrático, el Pacto por México no excluye de ninguna facultad a los miembros de los diferentes partidos representados en el Congreso de la Unión (y en el propio Pacto), a presentar iniciativas que lleven a hacer realidad los acuerdos del Pacto por México, tales como las Iniciativas presentadas por miembros del Partido Acción Nacional en el Senado de la República y el de la Revolución Democrática en la H. Cámara de Diputados.
 
Ahora bien, si el consenso ha concluido en el Pacto, es hora de la construcción de las mayorías como en cualquier sistema democrático, y es la hora de ver la responsabilidad de los actores políticos y de la voluntad para continuar por la senda reformadora.
 
sas@pri.org.mx
 
Secretario de Acción Electoral  del CEN del PRI.
 
 
 

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