Opinión

Fin al fuero

 
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Diputados

El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República ha presentado una iniciativa –respaldada por todos los partidos– para terminar con el fuero constitucional que protege a funcionarios y servidores públicos.

El PRD no hace sino concretar una creciente insatisfacción por parte de la ciudadanía. Para millones en este país, el fuero no es sino una mecanismo jurídico que ampara corrupción, impunidad y prepotencia por parte de legisladores y funcionarios que actúan más allá de la ley por la protección que la propia Constitución les otorga.

El fuero constitucional es una vieja figura jurídica que proviene de los tiempos revolucionarios y posrevolucionarios. El inolvidable crimen ordenado por Victoriano Huerta en contra del diputado federal Belisario Domínguez, a quien le fue literalmente cortada la lengua en los pasillos de Donceles –antigua Cámara de Diputados– dieron origen al fuero como un instrumento para proteger a los miembros del Congreso en contra de los excesos del presidencialismo naciente.
Al paso de los años, el fuero creció y cobijó a gobernadores, alcaldes, y por supuesto al presidente de la República.

En los hechos, ningún funcionario puede ser procesado durante el tiempo de su encargo, provocando que muchos políticos actúen con total y absoluta impunidad como demuestra la historia de este país.

Resulta además el fuero, un obstáculo para la obligada rendición de cuentas, para la transparencia y la básica respuesta a la exigente demanda social en torno al ejercicio público del presupuesto. Todos queremos saber qué se gasta y cómo, con qué criterios aplicaron tales o cuáles partidas presupuestales y sobre qué sustento. Esto no existe hoy en día. Cualquier ciudadano puede entrar a la cuenta pública de la Cámara de Diputados o a las largas relaciones de asignaciones de partidas a estados y municipios –justo ahí donde los panistas bajo el liderazgo de Villarreal hicieron más de un negocio con porcentajes de comisión–, pero en ninguno de esos renglones se explica con claridad porqué se entregaron esos recursos. La transparencia es la base de la rendición de cuentas, y el fuero es un obstáculo permanente a ello.

La propuesta del PRD incluye a todos: jueces, ministros, magistrados, diputados, senadores, secretarios de Estado, consejeros electorales y al propio presidente de la República. Este último, sólo en casos de traición a la patria y delitos graves del orden común como señala hoy la Constitución. Si un juez lo encontrase culpable de un delito de esta naturaleza, correspondería al Congreso de la Unión en conjunto –ambas Cámaras– la decisión de si debe dejar el cargo o no.

En estos tiempos electorales, donde presenciamos las disparatadas demandas de Martí Batres y Andrés Manuel en torno a que sean las procuradurías de Justicia –federal y de cada estado– las que revisen el expediente de cada candidato para evitar casos como el de Abarca en Iguala, la desaparición del fuero es impostergable. No corresponde a las procuradurías analizar la trayectoria y supuesta honorabilidad de los candidatos, sino a los propios partidos que son quienes los postulan. Pero además, sin fuero existente, ante la primer tropelía, abuso, delito o exceso de un funcionario se puede proceder en su contra desde la ciudadanía y los distintos poderes.

El señor Korenfeld no tendría que esperar el retrasado fallo de la Secretaría de la Función Pública, o la inexplicable tardanza en la decisión presidencial. Se presenta una demanda por evidente peculado y pierde su cargo.

El problema vendrá cuando los juzgados se saturen de solicitudes de investigación y denuncias en contra de funcionarios por supuestos delitos que se tendrán que investigar. Los procesos tardan, los funcionarios permanecen en su cargo y las sentencias de los jueces tal vez lleguen con extrema tardanza. Habría que agregar, el mañoso uso político que partidos y organizaciones pudieran darle a este recurso.

A pesar de todo, es sano para el fortalecimiento democrático de México, que el fuero desaparezca por completo y para siempre.

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