Le cortaron las alas a México
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Le cortaron las alas a México

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Le cortaron las alas a México

05/11/2018
Actualización 05/11/2018 - 12:53

Fueron días complicados después del anuncio de Andrés Manuel López Obrador sobre la cancelación del NAIM en Texcoco. La decisión hizo temblar a los mercados, dudar a la ciudadanía y cuestionar a los políticos.

Todo comenzó con una consulta ciudadana que no cumplió con ningún marco legal vigente y, por lo tanto, no fue vinculante o, dicho de otro modo, no obligaba al próximo gobierno a acatar la “voluntad popular”. Desde su organización, se esperaba que en la consulta participara un millón de mexicanos con su credencial de elector, de un padrón electoral que en junio alcanzó casi 90 millones de personas. Es decir, apenas un poco más del 1 por ciento del padrón participaría en una decisión que afectaría a todo el país.

Son muchas las fallas, irregularidades y decisiones cuestionables en torno a la consulta ciudadana que, sin sorpresa alguna, apoyó con poco más de 700 mil votos a la opción que impulsaban el presidente electo y su partido: la cancelación de la obra en Texcoco y la adaptación de la base aérea militar de Santa Lucía para funcionar como aeropuerto, así como adaptaciones en las terminales de Toluca y de la Ciudad de México para soportar el aumento del número de pasajeros que llegan y salen de la capital del país.

Más lamentable que el resultado de la consulta fue la forma en la que Morena y López Obrador defendieron su “ejercicio democrático”, y trasladaron el costo político a los ciudadanos consultados, cuando fue claro para muchos críticos y analistas que la decisión de Santa Lucía estuvo tomada desde hace meses por el ahora presidente electo.

Después de anunciar lo que, según López Obrador, fue la voluntad popular, la economía mexicana comenzó a resentir los estragos de la incertidumbre generada por una decisión de un gobierno a instalarse que, desde la óptica de los empresarios y las calificadoras, no honraría los compromisos hechos tras ganar las elecciones pasadas, y se escudaría en el pueblo para cumplir sus propios deseos. Los resultados inmediatos fueron la disminución en la previsión de crecimiento económico del país para el 2019, que bajó de 2.4 por ciento a 1.9 por ciento; un dólar que una vez más sobrepasó los 20 pesos y se mantuvo fluctuando, centavos más, centavos menos, durante los días siguientes; el cambio a 'negativo' de las perspectivas de las calificadoras sobre los bonos del NAIM, y un mayor escrutinio en las decisiones del próximo gobierno a largo plazo que podrían incidir en la calificación de la deuda soberana de México.

A lo anterior se sumó la preocupación en la arena política. Mensajes posteriores de Andrés Manuel, de miembros de su futuro gabinete y de personas de su grupo cercano nos dieron un panorama mucho más claro de las razones detrás de Santa Lucía: no se trataba de evitar daños ecológicos (no existen suficientes estudios respecto al impacto ambiental de la obra en Santa Lucía), ni de eficiencia aeronáutica (tampoco existen suficientes estudios respecto a la viabilidad de la operación simultánea de tres aeropuertos en el Valle de México), ni de impacto social (se cancelan más de 40 mil empleos en Texcoco, y campesinos de Santa Lucía ven en riesgo sus cultivos con el proyecto de AMLO), ni de combatir la corrupción (han planteado que las mismas empresas que construyen en Texcoco participen en Santa Lucía), ni de evitar los contratos de compadrazgos y amiguismos (acusaron el anhelo empresarial de una futura Santa Fe en los terrenos del AICM al tiempo que dejaron el proyecto del nuevo aeropuerto en manos de un ingeniero agrónomo cercanísimo al ya famoso Riobóo, quien es cercanísimo a AMLO). La verdadera razón de la cancelación del NAIM es política y se traduce en una frase sencilla: ¿Quién manda aquí?

López Obrador lanzó un manotazo en la mesa para dejar claro a los empresarios que “ellos ya no mandan”, citando uno de sus recientes mensajes. Una vez más, trasladó la responsabilidad a la ciudadanía, diciendo que el pueblo fue quien decidió en las urnas en julio, y quien decidió una vez más en la reciente consulta. Con una jugada tan anunciada como la construcción, sí o sí, del aeropuerto en Santa Lucía, es poco creíble que en verdad sea el pueblo, representado por menos del 1 por ciento de la población total del país, el encargado de las decisiones y el futuro nacional. Eso es, probablemente, lo que genere tanta incertidumbre económica, política y social: hay un hombre, y sólo uno, encargado de tomar las decisiones, y podría escudarse en la ciudadanía para seguir legitimando los que parecen sus deseos más que la búsqueda del bienestar general de la nación.

Hace falta entender que el 53 por ciento de lo votantes no son la mayoría de la población; que 700 mil consultados no pueden decidir por más de 120 millones de mexicanos y que la decisión de éstos no equivale a la decisión de un Estado o nación; que podrá ser un hombre quien pretenda mandar, sin embargo, ni su futuro gobierno ni las finanzas nacionales son ajenos a los mercados que intenta domesticar; que hay una sociedad crítica, analítica y participativa que no cree ciegamente en los discursos ni en los argumentos del próximo gobierno. El debate en torno al NAIM, desafortunadamente, se estancó en una crítica de tinte social y clasista, como si una inversión de tal magnitud pudiera resumirse sólo en beneficios para los empresarios que participan en el proyecto. La realidad es que todo el país podría ver resultados positivos en muy distintas escalas con una obra como el aeropuerto cancelado en Texcoco. Recientemente, le cortaron las alas al NAIM. Con decisiones como esa, también le cortan las alas a México.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.