Opinión

Feminicidios, crimen
y Rubén Espinosa

 
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Rubén Espinosa. (Cuartoscuro)

La sociedad capitalina y la opinión pública nacional se han conmocionado por el multihomicidio de 4 mujeres, una de ellas, Nadia Vera, activista, promotora cultural e integrante del movimiento #YoSoy132, y del fotorreportero Rubén Espinosa, colaborador de la revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro, quien había señalado en todos los foros donde participó que su vida estaba amenazada por su labor periodística en Veracruz.

La conmoción no ha disminuido. Asesinar a un periodista es un intento de silenciar a la sociedad. Peor aún cuando el asesinato a un periodista se combina con el crimen a activistas de derechos humanos. Peor cuando son cuatro mujeres las víctimas que fueron abusadas sexualmente, torturadas y asesinadas al peor estilo de los comandos de la muerte.

Desgraciadamente, hasta ahora la Procuraduría capitalina sólo ha privilegiado como “línea de investigación” el supuesto robo contra las víctimas y ha cometido excesos al “filtrar” a la prensa algunas versiones no confirmadas de los hechos. El procurador capitalino insiste en que se investigarán “todas las líneas de investigación”, pero no ha profundizado sobre lo obvio: las amenazas que recibieron tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera.

Es necesario dimensionar estos crímenes como una alerta para toda la sociedad por las siguientes razones:

1.- El homicidio de Rubén Espinosa constituye el décimo cuarto de una cadena de crímenes, amenazas, secuestros y hostigamiento contra periodistas de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte. Ni uno solo de estos crímenes ha sido resuelto satisfactoriamente por las autoridades veracruzanas. Peor aún, el mandatario estatal tuvo el mal gusto de “advertirle” a los periodistas de su entidad que “se porten bien” porque “vienen tiempos difíciles” y su gobierno pensaba “sacudir el árbol y van a caer muchas manzanas podridas”.

El gobierno de Duarte no ha tenido ni una sola palabra de solidaridad, ningún gesto de humanidad y de estadista frente a la larga lista de comunicadores, periodistas e informadores asesinados, agredidos, amenazados y desplazados de su entidad.

Mientras la sociedad reclamaba investigar a su gobierno, Javier Duarte se mantenía de vacaciones, fuera de la entidad.

El nombre de Rubén Espinosa se suma a los de Noel López, Miguel Ángel López, Misael López, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez, Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban Rodríguez, Víctor Báez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez, Armando Saldaña Morales y Juan Morales.

2.- El asesinato de Rubén Epinosa es un golpe a la sociedad mexicana en su conjunto y a todas las autoridades e instancias creadas desde el gobierno federal, desde la CNDH hasta las instancias estatales para supuestamente proteger e investigar los crímenes a periodistas. Y ninguna ha logrado disminuir las agresiones ni la impunidad de estos delitos.

Estamos ante el crimen número 104 ocurrido desde el año 2000 en México contra periodistas. Se trata de la cifra más alta en la historia del país y de América Latina contra informadores. Veracruz y Chihuahua tienen los nada honrosos primeros lugares en delitos contra informadores.

Las amenazas contra Espinosa estaban suficientemente documentadas y denunciadas por el propio joven fotorreportero, por sus amigos y por los medios informativos para los que trabajó. Ninguna instancia las tomó en serio.

Ahora, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como Proceso y Cuartoscuro han demandado que se privilegie el ejercicio de la profesión como una línea de investigación y no el robo y el homicidio común.

3.- Junto con el crimen a un periodista se suman cuatro feminicidios, graves y delicados porque ocurren en la ciudad de México, a plena luz del día, en una de las delegaciones con mayor vigilancia y con una saña indescriptible contra las víctimas.

La manera en que fueron asesinadas las cuatro mujeres merece también un tratamiento ministerial conforme a los protocolos de feminicidio. Justo cuando la Secretaría de Gobernación y el Estado de México aplicaron la “alerta de género” en 11 municipios de aquella entidad, en el corazón del país ocurre este multihomicidio que reclama un tratamiento especial.

4.- La indignación social crece ante el fundado temor de que estos casos queden impunes. Más de 80 por ciento de los casos de agresiones a periodistas y a activistas de derechos humanos han quedado impunes. Ahí están las cifras aportadas por las propias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa y protección de periodistas y activistas: de mayo 2012 a junio de 2014, se han documentado 203 casos de agresiones, torturas, tentativas de homicidio, daño en propiedad ajena, privación de la libertad, allanamiento, criminalización y amenazas, pero sólo se atendió el 29 por ciento de los casos (59). El 68 por ciento correspondió a periodistas y defensores de derechos humanos; 32 por ciento a casos colectivos. Las entidades más señaladas son el Distrito Federal, Veracruz, Chihuahua, Estado de México y Oaxaca.

En otras palabras, el multihomicidio en la colonia Narvarte empeora el ya gravísimo nivel de violaciones a los derechos humanos en México contra la población, contra defensores y contra informadores.

Twitter: @Dolores_PL

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