Opinión

Federalismo fiscal en la nueva Ciudad de México

 
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MUNICIPIO QUERÉTARO PAGO PREDIAL

Por César Velázquez Guadarrama.

Un elemento central en la nueva constitución de la Ciudad de México será la división de responsabilidades entre el gobierno central y las alcaldías (anteriormente delegaciones). ¿Cuál nivel de gobierno debe ser el encargado de la pavimentación de las calles y del alumbrado público? ¿Qué pasa si esa calle cruza varias alcaldías o si es el periférico? ¿Quién debe proveer el servicio de agua potable y drenaje? ¿Quién debe regular y/u otorgar los permisos de construcción y usos de suelo? Estas preguntas no son triviales pues el buen desarrollo económico de la ciudad y el bienestar de los habitantes depende de la coordinación y buen entendimiento entre las alcaldías y el gobierno central.

De manera general la respuesta a las preguntas anteriores depende de la eficiencia con que cada nivel de gobierno puede proveer y/o regular los muy diversos bienes y servicios que necesitamos los habitantes de cualquier ciudad. La literatura académica, la evidencia empírica y el sentido común parecen sugerir que la pavimentación y el alumbrado público de una calle en una colonia más de la ciudad debe ser responsabilidad de la alcaldía y que una vialidad primaria como el periférico debe estar al cuidado del nuevo gobierno estatal. Lo mismo sucede en el resto del país donde los municipios son los encargados del alumbrado público y la pavimentación de las calles y los gobiernos estatales de las carreteras que conectan las diferentes regiones de las entidades. Sin embargo, no es claro qué es lo más deseable con relación por ejemplo al uso del suelo, o la hora en que un bar debe cerrar.

A la par de la discusión anterior, es igual de importante debatir la distribución de los recursos entre el nuevo gobierno estatal y las alcaldías y entre las alcaldías. La asignación de los recursos debe ser congruente con las responsabilidades asignadas y generar los incentivos adecuados para que cada nivel de gobierno realice su mejor esfuerzo. En este sentido una pregunta bien importante es si las alcaldías deben tener la potestad tributaria sobre el impuesto predial que se genere en su demarcación (como en el resto del país) o si el gobierno central debe mantener tal atribución.

En mi opinión, considero que lo más conveniente sería que la potestad tributaria se repartiera entre las alcaldías y el gobierno de la Ciudad. Si el total del predial fuera de las alcaldías se generaría una gran desigualdad entre las zonas de mayor y menor ingreso de la Ciudad pero tampoco es deseable la situación actual en la que las delegaciones no tienen los recursos suficientes para financiar sus obligaciones y en la que los habitantes de unas pocas demarcaciones (Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez) financian al resto de los habitantes sin recibir servicios de calidad por lo que pagan de impuesto predial.

Además, estudios académicos han demostrado que los ciudadanos tienden a pagar sus impuestos con mayor facilidad cuando observan en qué se gastan los recursos y ese gasto los beneficia. En este sentido, que parte de lo recaudado por el impuesto predial en una alcaldía se quede en la alcaldía es un aliciente para que los ciudadanos quieran pagar el impuesto predial a la vez que una forma de presionar a los alcaldes a hacer bien su trabajo.

La transformación del DF en la Ciudad de México, estoy seguro, no era ni es una prioridad para los habitantes de esta gran urbe. Pero quizá es posible que la nueva constitución y las leyes secundarias que de ella emanen permitan un análisis de los asuntos públicos relevantes de la Ciudad, como los tratados en este artículo, que de otra manera quizá hubiera sido muy difícil que ocurriera. Los ciudadanos ahora debemos exigir que la discusión sea seria y no esté secuestrada por intereses políticos.

El autor es coordinador de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana.

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