Opinión

Falso debate

 
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Ley 3de3. (Tomada de @ley3de3)

La atención desbordada que recibió la petición de hacer públicas las declaraciones de los servidores públicos ha opacado una reflexión integral y más productiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Por la atención recibida, pareciera que la publicidad de dichas declaraciones fuera la llave mágica para combatir la corrupción. Sin tomar en cuenta los avances significativos de la nueva legislación, algunos políticos, activistas y analistas concluyen que lo aprobado la semana pasada fue un 'portazo' o una 'canallada' de la clase política que le dio la espalda a la ciudadanía.

La cereza del SNA era que los servidores públicos se vieran forzados a publicar su riqueza y recibir un escarnio por aquella 'mal habida' (sin distinguir entre buenos y malos funcionarios, pensando que todos los trabajadores del gobierno son Duartes o Graniers). La cereza escamoteada por el Congreso impide evaluar los colores y los sabores del pastel. El reduccionismo de la demanda 3de3 ha llevado a que una buena legislación sea vituperada como un hijo bastardo sin reparar en muchos de sus notables avances:

Se sienta muy mal precedente cuando se invita a la participación ciudadana y al final se genera la sensación de que no sirvió de nada. En lugar de empoderar, se desalienta. Si los 630 mil firmantes de la iniciativa ciudadana 3de3 supieran los avances logrados gracias a su apoyo, quizá participarían con más ahínco en futuros ejercicios. Si perciben que ni siquiera 630 mil firmas hacen una diferencia, que ni siquiera ese nivel de empuje es suficiente para cambiar las cosas, se genera cinismo o encabronamiento, simple y llanamente, sin un canal alternativo para canalizar la frustración de forma creativa y propositiva.

Simpatizo naturalmente con la iniciativa ciudadana 3de3. También me parece torpe la redacción del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades (la 3de3 para empresarios). No comprendo el fin buscado y me parece ridículo que aun sin promulgarse ya se tenga que enmendar la futura ley. Pero con todos esos desaciertos, la legislación es fruto (parcialmente) del ejercicio más importante de participación extra electoral en mucho tiempo.

No creo que debamos evaluar el éxito del ejercicio 3de3 por la publicidad de las declaraciones. Ciertamente sus promotores son responsables de que así sea: buscando un nombre atractivo, usaron una envoltura que no reflejaba lo que había adentro de la caja: la iniciativa era mucho más que lograr la publicidad de las declaraciones de los servidores públicos, pero el reduccionismo servía para la venta. Se vendió bien y ahora el problema es qué hacer con los compradores que se sienten defraudados.

Aunque me hubiera gustado que fueran obligatorias las declaraciones, no sé si el efecto final sería positivo. La 3de3 puede invitar a la simulación (y si se aplica a parientes hasta el tercer grado invita a violentar los derechos de otros); puede aumentar el resentimiento social aun en contra de servidores públicos honestos que tienen ahorros mayores que el resto de la población; puede convertir la lucha contra la corrupción en un espectáculo de escándalos y acusaciones sin que se vaya al fondo de las cosas. Pero sobre todo, la 3de3 desvía la atención de los temas más relevantes. Ya lo hizo la semana pasada.

La creación de la Fiscalía Anticorrupción es el asunto medular del nuevo sistema. Lo es porque combatir la corrupción requiere la amenaza creíble de la cárcel como el último recurso del Estado para sancionar a los corruptos (y por esa vía prevenir con eficacia la comisión de actos futuros). La cárcel, no las amonestaciones administrativas, son el meollo central de cualquier sistema eficaz que combata la impunidad y el abuso del poder. Pero la semana pasada, en lugar de discutir las facultades de la nueva Fiscalía y el método de nombramiento de su titular, estábamos enfrascados en las declaraciones públicas.

Para su funcionamiento, la nueva Fiscalía contará con autonomía técnica y de gestión y su estructura se basará en la actual Unidad de Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), un área con escaso personal y recursos tecnológicos. Aunque se dice que el Ejecutivo promoverá que cuente con los recursos presupuestarios para su operación, en la práctica la falta de dinero puede limitar enormemente su eficacia (véase lo que ocurre con la Fiscalía de Delitos Electorales). No se discutió cuántos recursos requiere una fiscalía ni cuántos policías ministeriales deben asignarse a la nueva oficina, por ejemplo.

Aunque la nueva legislación establece el método de nombramiento (a través de una terna con el voto calificado del Senado), no se aborda el plazo de nombramiento del fiscal. Cabe recordar que en noviembre de 2014 se convocó a un concurso para elegir al fiscal anticorrupción (esta figura nace de la reforma político-electoral de ese año). Se registraron 33 candidatos. Todos comparecieron en el Senado y al final el concurso se declaró desierto porque, según varios senadores, ningún candidato tenía el perfil requerido (en realidad no se pusieron de acuerdo y no había la presión política del nombramiento).

Como nadie prestó atención al asunto de la Fiscalía, su nacimiento debe ahora analizarse con cuidado. Un tema que requiere mucha atención son las consecuencias jurídicas de que la nueva Fiscalía nazca al amparo de las modificaciones a la Ley Orgánica de la PGR, y no del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2014 por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. ¿Por qué se cambió el método?

Twitter: @LCUgalde

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