Opinión

Fallaron en todo

    
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Luis Raúl González Pérez

El 21 de junio pasado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo una recomendación extensa y clara a varias instancias del gobierno de la Ciudad de México: al Tribunal de Justicia y a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad. En 116 páginas evidenciaba las fallas de investigación en todo un proceso, uno de los más trágicos de la administración actual, el multihomicidio de Narvarte.

Así lo refería en su caso: “Omisión de investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziri Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril”, entre otras (muchas) fallas.

Ayer, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aceptó la recomendación a través de un comunicado: “El instrumento recomendatorio se dirigió, entre otras dependencias, a la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad, la cual, respetuosa en todo momento de los derechos humanos, previstos en los instrumentos internacionales y en nuestro orden jurídico, ha decidido aceptar en todos sus términos, los puntos recomendatorios de dicho Instrumento”.

Habrá que subrayar “en todos sus términos”. ¿Qué significa esta aceptación? Esto no sólo significa que admite las recomendaciones para resarcir los errores, es una aceptación de todas las fallas en la indagatoria. Así, la Procuraduría admite haber sido incapaz de preservar la escena del crimen y provocar su contaminación, lo que podría significar una violación al debido proceso de los tres hombres que están acusados del crimen, por ejemplo.

Admite no llevar una investigación para delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos, aunque se sabía el antecedente de Rubén Espinosa y las amenazas del exgobernador Javier Duarte y que fue la línea de investigación que se le exigió seguir desde el inicio, no sólo familiares, sino organizaciones como Artículo 19.

La PGJDF admite haber filtrado información sobre las víctimas, acepta no haber investigado ni juzgado con perspectiva de género, a pesar de que cuatro de las víctimas son mujeres.

Así que casi dos años después de una de las tragedias más mediáticas de la administración de Miguel Ángel Mancera –semanas después de la renuncia del procurador Rodolfo Ríos Garza– el gobierno local admite su torpeza en prácticamente todos los protocolos de investigación.

¿Qué quiere decir?

1) En uno de los casos más relevantes, se falló en todo. No queremos imaginar cómo investigan los cientos que pasan desapercibidos por los medios de comunicación.

2) Que los tres detenidos tienen un debido proceso vulnerado que los puede dejar libres.

3) Que nunca se realizó una investigación seria y formal de la persecución del exgobernador Javier Duarte a Rubén Mendoza y Nadia Vera.

4) Que ni policías, ni ministerios públicos están capacitados.

5) Que en esta Ciudad de México no se puede confiar, admitido por ellos mismos, en la persecución e investigación de un delito.

¿Y las sanciones? ¿Y el derecho de las víctimas a la justicia?

Twitter: @jrisco

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