Opinión

Facultades exorbitantes

  
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Usuario de telefonía celular

Hoy se estará discutiendo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Controversia Constitucional que promovió el Senado de la República en contra de las Reglas de Portabilidad Numérica emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Un asunto de enorme trascendencia.

La inconstitucionalidad radica en el exceso del IFT al establecer mayores y distintos requisitos a los establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) para que los usuarios realicen el trámite de portabilidad numérica, lo que ha provocado graves perjuicios a los propios usuarios y y en demérito de la competencia.

El mandato legal fue muy claro: el IFT debía garantizar una portabilidad efectiva, que se realizase en menos de 24 horas, bastando la identificación del usuario y la manifestación de voluntad de cambiarse de compañía conservando su número telefónico. Contrario a ello, el IFT “inventa” nuevos requisitos, entre ellos, la obtención de un número de identificación personal (NIP), la requisición de un formato, la presentación de copias de identificación del usuario y, por si fuera poco, se restringe que el trámite sólo se pueda realizarse en un horario reducido, haciendo nugatorio el mandato legal de que sea un trámite efectivo en menos de 24 horas.

Es obvio que estas disposiciones engorrosas constituyen un obstáculo a la libre competencia en el mercado de telecomunicaciones, interfiriendo la libre elección de los usuarios a favor de la compañía telefónica que mejor servicio y tarifa les ofrezca.

Desde que se implementaron las nuevas reglas de portabilidad (el 10 de febrero de 2015) cayó en 41 por ciento la presentación de solicitudes de portabilidad, además, el porcentaje de trámites rechazados se duplicó, de acuerdo a datos oficiales contenidos en el informe que presentó en marzo pasado el Administrador de la Base de Datos de Portabilidad.

Es un exceso del IFT. Un órgano constitucional autónomo no debe estar ajeno o exento del cumplimiento de la ley, más aún cuando, como en el caso de mérito, se trata de disposiciones taxativas.

La interpretación constitucional de la SCJN debe orientarse hacía reforzar la convicción de que en un Estado de derecho hay límites constitucionales y legales a los que cualquier autoridad debe sujetarse.

La decisión será histórica por muchas razones. Es la primera controversia constitucional a la que la SCJN concede trámite prioritario, calificada así por su relevancia y trascendencia. Pero, aún más importante, a partir de este caso se marcarán o no límites constitucionales a los que debe sujetarse los nuevos órganos constitucionales autónomos en nuestro país.

Existe el riesgo de que se concedan facultades exorbitantes al IFT, una auténtica “patente de corso” para que el órgano regulador de las telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país interprete casi ilimitadamente la ley, invaluable en una democracia.

Finalmente, nos congratulamos del nombramiento de la maestra Mónica Aspe Bernal como Subsecretaria de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, funcionaria proba y apasionada de su trabajo.

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