Ezra Shabot

Riesgos

El gobierno de amplia mayoría parlamentaria, que tendrán López Obrador y Morena a partir del 1 de diciembre, no puede operar a partir de ocurrencias o señales encontradas del gabinete presidencial.

Pretender transformar la realidad en unos cuantos meses, bajo el principio de que todo lo que se hizo fue parte de una estrategia de robo y colusión entre maleantes, deriva en la aparición de un sinnúmero de ocurrencias propias de aquellos que intentan diferenciarse tajantemente de sus antecesores y demostrar así a la sociedad que se puede cambiar la realidad en forma instantánea. Este análisis simplista de lo ocurrido en el país en los últimos 30 años, puede derivar en una verdadera catástrofe económica y social sino se toman las medidas adecuadas para evitar que los errores de un gobierno sin cuadros profesionales echen por la borda largos años de estabilidad.

Y es que si bien es cierto que tanto el propio López Obrador, como su futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y su principal asesor en asuntos económicos, Alfonso Romo, han asegurado una y otra vez que se ajustarán a una política económica basada en mantener la propia estabilidad y el cuidado de las variables macroeconómicas, el diseño de sus proyectos concretos de gobierno va exactamente en la línea contraria. La construcción de refinerías y la cancelación de las exportaciones petroleras con el objetivo de ser autosuficientes en combustibles, planteadas como prioridades por el Presidente electo, ya han provocado la reacción de las calificadoras Moody's y Fitch, las cuales han alertado del agujero financiero que provocarían estas medidas en Pemex y en la economía mexicana en su conjunto.

La reducción del IVA y el ISR en la frontera norte y la condonación de las deudas por parte de la CFE a los consumidores morosos en Tabasco, presionan de manera significativa al próximo Presupuesto, y eso sin contar con la pretendida descentralización administrativa, cuyos costos serían inmensos. Es totalmente incompatible una política de reducción impositiva y expansión de las actividades de la nueva administración con medidas activas o pasivas, frente al compromiso de mantener sanas las finanzas públicas. El modelo de bajar impuestos o no cobrarlos, que finalmente es lo mismo, y aumentar la capacidad de actuación de un gobierno no corresponde con la realidad y menos aún en un país como México, cuya recaudación fiscal sigue siendo extremadamente baja frente a economías similares a la suya.

La locura republicana en Estados Unidos, país cuyas tasas de recaudación fiscal son mucho más alta que las nuestras, de bajar impuestos bajo el principio de que una mayor actividad económica compensa con mucho la reducción fiscal, ha traído una y otra vez el crecimiento de déficits que conducen a recesiones cada vez más difíciles de superar. Una economía como la mexicana no resistiría una fuga de capitales generada por la desconfianza ante la cancelación de los contratos para una obra de la magnitud del aeropuerto de Texcoco, y mucho menos el alza en la deuda pública originada por la ausencia real de recursos para financiar proyectos inviables y sin planificación alguna.

Un gobierno de amplia mayoría parlamentaria, como el que encabezarán López Obrador y Morena a partir del 1 de diciembre, no puede operar a partir de ocurrencias o señales encontradas por parte de los integrantes del gabinete presidencial. El entorno económico adverso de una guerra comercial proteccionista y altas tasas de interés, obliga a mantener las variables macroeconómicas en niveles óptimos para evitar caer en situaciones críticas, como las que viven hoy Brasil, Argentina o Turquía. Ahuyentar capitales locales y externos por el descuido o la falta de pericia para coordinar internamente un gobierno con mayoría en el Congreso, sería correr el riesgo de hundir al país en una crisis de la cual será muy difícil salir una vez que esta se haya iniciado. Insisto, este es el riesgo.

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