Las relaciones entre el poder económico y el poder político son siempre complejas en función de los distintos intereses que cada uno de ellos representa. Para los dueños del dinero existe un objetivo particular que, de acuerdo con su visión del mundo, coincide con el interés general. La inversión, generación de riqueza y empleos y multiplicación de las ganancias, son un bien común que no debe detenerse porque daña no sólo a su interés particular, sino al de la sociedad en su conjunto. El problema es que esa fuerza económica representa a una multitud de intereses que chocan entre sí al competir por una porción del mercado, y que no siempre beneficia al interés general.
Es ahí donde el poder político aparece como un regulador de contradicciones. Un poder limitante que busca armonizar la indispensable presencia de los capitales, con una visión que garantice la libre competencia y que haga compatible la legítima búsqueda de la ganancia con el beneficio a la sociedad en su conjunto, o al menos a alguna parte de ella. Un poder económico funcionando sin limitantes legales impuestas por un sólido Estado de derecho, genera monopolios y oligopolios que dañan la productividad y terminan paralizando el crecimiento y desarrollo del país.
Pero un Estado que intente sustituir la libre empresa y los mercados abiertos está condenado a convertirse en un monstruo burocrático ineficiente y autoritario, garante de la destrucción del aparato productivo y de la generación de riqueza. Por ello, tanto las opciones liberales como las socialdemócratas, entre otras, buscan ese equilibrio entre capital-trabajo y regulación estatal, que permita el sano desarrollo de una sociedad capaz de brindar beneficios a las mayorías, reduciendo pobreza y desigualdades extremas.
Es por ello que el pleito entre López Obrador y el Consejo Mexicano de Negocios, extendido al resto de la iniciativa privada, es una mala señal que complica la relación entre el candidato y el poder económico. Y es que los reclamos de Andrés Manuel contra ciertos empresarios a los que considera adversarios o partícipes directos de la guerra sucia en su contra, terminaron en una generalización que pone a políticos y dueños del dinero en un choque directo. Incluso la Coparmex de Gustavo de Hoyos, cercana a López Obrador, se vio obligada a alinearse al empresariado nacional ante las descalificaciones del tabasqueño.
Y es que el candidato de Morena considera que los grandes empresarios del país tienen controlado al presidente de la República, y por ello han conseguido de manera ilegítima contratos de obra pública con los que se habrían enriquecido. Ante ello, dice que es necesario alejarlos del poder político para que éste actúe con plena libertad y sin ataduras. López Obrador negoció con grandes empresas cuando estuvo al frente de la Ciudad de México, y la fórmula para evitar abusos y contratos mal habidos está en la institucionalización de los mecanismos de licitación, como los que se producen en el marco del TLCAN o en la reforma energética.
Volver al lenguaje de 'empresarios buenos y empresarios malos' en función de su relación con el presidente en turno, es no sólo regresar al pasado, sino legitimar un régimen autoritario de represión selectiva y favoritismo discrecional, a partir de lealtades o discrepancias con el propio poder político. El México de las instituciones democráticas y la rendición de cuentas es la única garantía para evitar que el país deambule entre fuerzas dispuestas a destruir lo construido durante años y aquellos otros aterrorizados ante la posibilidad de perderlo todo por el triunfo electoral de un candidato no considerado adecuado. Democracia institucional implica estabilidad, equilibrio entre Estado-capital y trabajo, y respeto a un Estado derecho que en México está todavía por construirse.