La consulta directa a la ciudadanía sobre temas que le afectan en su vida diaria, es una modalidad de gobierno, según la cual, es necesario saber la voluntad de la mayoría para poder instrumentar determinada política pública. En una democracia representativa, los llamados referéndum, plebiscito o consulta misma, son elementos coadyuvantes en el ejercicio del poder, pero no sustituyen las funciones de aquellos que, al estar al mando de los órganos de decisión, son los directamente responsables de establecer las prioridades y proyectos de determinado gobierno.
Qué es lo que se puede someter a consulta y qué no, es una decisión arbitraria de aquellos que detenten una mayoría en el Congreso, y por lo tanto establezcan las temáticas a debatir específicamente ante la ciudadanía. Es por ello que en la Constitución Política de México existe ya un marco normativo al respecto, que limita sustancialmente el uso de ese instrumento en la medida en que se pretende evitar su utilización constante como forma de gobernar.
Y es que normalmente se acude a esta modalidad cuando existe una polarización social tal, que el gobierno en turno es incapaz de consensuar una propuesta y entonces la lleva a las urnas. Pero pretender realizar consultas sobre decisiones técnico-políticas, como lo es un aeropuerto, sobrepasa con mucho las atribuciones de una ciudadanía que ha elegido a una autoridad para que tome decisiones de gobierno. "El pueblo es sabio", pero no experto en problemáticas de aviación y seguridad aeroportuaria, y en todo caso la negociación se debe dar con aquellos que por su ubicación geográfica podrían ser afectados por la construcción de dicho proyecto.
Lo mismo ocurre con el tema de la revocación de mandato. La democracia representativa permite el ejercicio del poder por determinado tiempo, en el entendido que este es el lapso necesario para presentar o no resultados ante sus electores, quienes en el siguiente proceso electoral tendrán la posibilidad de sustituir o ratificar a los gobernantes. Introducir la variable de "referéndum revocatorio" supone la anulación de la democracia representativa y su sustitución por la llamada "democracia directa", cuya posibilidad de generar gobiernos estables es nula ante la amenaza constante de una destitución anticipada por la puesta en práctica de medidas que pueden no ser populares en forma inmediata, pero que se requieren como parte de un proyecto de gobierno.
De esta forma, ante la inminente consulta sobre el aeropuerto, podríamos llegar al absurdo de que las encuestas de opinión, que dan una apoyo mayoritario al proyecto Texcoco, se vean cuestionadas con una consulta que difícilmente tendrá una votación ciudadana significativa que le dé validez, pero que dé como resultado la cancelación de esta alternativa frente a Santa Lucía, que no cumple con los requisitos mínimos de operatividad. Este es el problema de asumir como banderas de campaña propuestas que al intentar convertirse en acciones de gobierno chocan con una realidad, que cobra muy cara la improvisación y la ignorancia.
Por más críticas y cuestionamientos que se realicen a la democracia representativa, es este el sistema más adecuado para tomar decisiones y exigir de las autoridades el cumplimiento de sus propuestas viables de gobierno. La democracia directa de las consultas debe estar acotada a problemáticas locales, o en su defecto a grandes temas que enfrenten a la sociedad, como el derecho al aborto, la eutanasia o incluso las formas de legalización de las drogas. Pero pretender que como ciudadanos decidamos sobre un aeropuerto, es querer desentenderse de la responsabilidad de gobernar.