En 2018 el miedo desapareció y López Obrador se alzó con una victoria indiscutible, basada más en su propia figura carismática que en la viabilidad o no de las propuestas de campaña. Anular las reformas energética y educativa, suspender la construcción del aeropuerto o proponer un tren por la ruta maya sin haber calculado costos y beneficios, fueron planteamientos que no requerían demostrarse con números y proyectos concretos. Era el mensaje de revertir lo que Peña Nieto había hecho, y por ello mismo contaba con la legitimidad del candidato más popular y creíble ante el electorado.
Pero una vez convertidos en gobierno de transición, Morena y López Obrador se enfrentan a la necesidad de aterrizar en la realidad la promesa del cambio. Para ello requieren de un programa de gobierno que pueda cumplirse en la práctica, sin poner en riesgo la estabilidad y mucho menos reventando aquella parte de la economía vinculada a la apertura y la globalización, basada en el respeto a un Estado de derecho no existente en parte del mercado interno, aún funcionando en ese "capitalismo de compadres", sin competencia ni reglas que se cumplan en la vida diaria.
Por eso es sumamente peligroso soltar propuestas de gobierno como si se tratara de actos de campaña electoral. Un tren maya sin proyecto ejecutivo ni análisis del costo-beneficio, o un aeropuerto en Santa Lucía sin viabilidad aeronáutica, o la cancelación por decreto de la reforma educativa, sin entrar al debate serio de aquello que fue propuesto y puesto en práctica por los profesionales del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, son apuestas sin sustento alguno. Jugar al ensayo y error para descubrir luego que lo propuesto es imposible de poner en práctica, sólo irá debilitando paulatinamente la legitimidad obtenida en las urnas.
Hay contradicciones que no tienen salida y por ello tienen que resolverse a la brevedad. Declarar a la zona fronteriza con los Estados Unidos como "zona libre", con un IVA diferenciado al del resto del país y un ISR reducido al 20 por ciento, representa un pérdida fiscal de al menos cuarenta mil millones de pesos, mientras que las demandas de apoyo a distintos programas sociales superan con creces el Presupuesto a aprobar para 2019. Pretender ubicar recursos donde no los hay, a pesar de los ahorros que se puedan realizar al optimizar el gasto, terminará por impedirle al gobierno morenista cumplir con promesas que hoy no cuentan con estudios serios de factibilidad económica.
Refinerías, trenes, perdones para el pago de deudas de cuentas de electricidad se enfrentan a la prueba de la realidad, donde no existen hoy garantías para que funcionen en el corto y mediano plazos. Gobernar bajo la estrategia de ensayo y error, presentando propuestas a sustentar a posteriori, es asumir que la mayoría conseguida en las urnas les da la fuerza para hacer cualquier cosa, incluso improvisar. Las voces realistas de Alfonso Romo, Gerardo Esquivel o Jesús Seade, entre otros, deberán orientar el discurso y el programa efectivo de gobierno para difundir y proponer lo que sí se puede hacer, y evitar que los errores minen la capacidad de gobernar de un presidente que cree poder hacer todo, independientemente de las limitaciones de una necia realidad.