Opinión

Extravíos de la democracia participativa

 
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Bandera en Hillsborough en Irlanda del Norte el día de la votación del Brexit. (Reuters)

Al establecerse en el artículo 3º de la Constitución los principios conforme a los cuales se garantizará la educación que imparte el Estado, se previó expresamente que ésta se basaría en los resultados del progreso científico, lucharía contra sus efectos y la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios; y que sería democrática, considerando a la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, entre otros. Ante el crecimiento de la democracia participativa en todo el orbe, cabe la pregunta sobre la verdadera lógica o la contradicción que puede llegar a representar dicha cláusula de gobernabilidad nacional.

Una frase célebre que se atribuye a Winston Churchill sobre la democracia, es que “La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes”. Y es que es verdad el hecho de que la participación activa de la ciudadanía en la asunción de las políticas del Estado resulta ser riesgosa y, en muchas ocasiones, equivocada. Lamentablemente, aún en esos casos es siempre preferible ésta frente a cualquier opresión proveniente del gobierno despótico que ejerce el monarca, la oligarquía o el dictador.

No obstante la legitimidad de toda política democrática, la complejidad que arroja la gobernabilidad de nuestros días, íntimamente vinculada con la economía y el comercio global, o con la defensa y la cooperación internacional, debe llevar a la humanidad a un replanteamiento del éxito de la democracia ante la asunción de decisiones que, de suyo, constituyen resoluciones estratégicas de las que depende la viabilidad del Estado mismo.

Así como existen resoluciones de gobierno que en el ámbito de la cotidianeidad ciudadana pueden tener un impacto significativo, no trascendente para la vida de las personas, existen otras que, aún siéndoles cercanas, pueden impactar negativamente en perjuicio del país entero. ¿Qué tan factible es estar sujetando a los mecanismos de consulta ciudadana la adopción de políticas que son necesarias para el devenir nacional?

El 23 de junio de este año, la Gran Bretaña celebró un referéndum que impulsó el Primer Ministro David Cameron con la finalidad de validar su permanencia o retiro de la Unión Europea. Con una votación sumamente cerrada y escalofriantemente sorpresiva, un pueblo británico dividido decidió dar su voto a favor de “salir” de la Unión, con toda una serie de consecuencias comerciales que podrían llegar a ser desastrosas para la misma economía del Reino Unido. ¿Era conveniente que se ventilara ese proceso?

Uno de los resultados del Pacto por México que más fueron ventilados fue el concerniente a la inclusión de la figura de la consulta popular, como una obligación de todos los mexicanos, en el texto del artículo 35 de la propia Carta Magna. Ya en el mes de marzo del 2014, apareció publicada la Le Federal de Consulta Popular en la que se definen los procedimientos y autoridades competentes que podrán intervenir llegado el momento en el que cualquiera de éstas tenga lugar, a petición del Presidente de la República, de cuando menos un treinta y tres por ciento de los integrantes de las Cámaras, o de un número equivalente a cuando menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

El día de ayer ocupó las ocho columnas de los periódicos más importantes del país, la noticia de cómo en el plebiscito celebrado el domingo pasado en Colombia, el voto por el “No” de un 50.23 por ciento de los ciudadanos se impuso frente a un 49.76 por ciento, con respecto a la firma del Acuerdo Final de Paz que celebraría el Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para finalizar una guerra que ha durado más de cincuenta años.

Lo alarmante de la noticia se cifra en el altísimo abstencionismo que acabó por derrocar el esfuerzo que ha venido enarbolando el Presidente Juan Manuel Santos y del que depende la construcción de una nueva República situada en un marco de paz duradera. Más del 63 por ciento de los colombianos se abstuvo de participar en la jornada, permitiendo que su apatía concediera este triunfo cuestionable al opositor de Santos, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien lideró la campaña por el “No” sobre la base de que los acuerdos eran benévolos para la guerrilla, aunque siempre ante la duda de sus cuestionamientos, por no haber sido él quien en su período los alcanzara.

Nuestro país no ha experimentado todavía la suerte de un proceso de consulta popular de esta naturaleza. La Ley Federal contempla mecanismos que garantizan la certeza de la consulta popular, mediante la exclusión de materias sensibles al pensar de la ciudadanía y la intervención imparcial del Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Puede advertirse en nuestro porvenir una mayor división en el ejercicio de las funciones de gobierno y, por ello, una indeseada conveniencia de que sea la ciudadanía la que participe activamente en la solución de la problemática nacional.

Sin dejar de apreciar cómo sociedades europeas como la suiza o las escandinavas han encontrado enorme satisfacción en la materialización de una democracia participativa responsable y moderna, que dibuja puntualmente el éxito de país que cada uno de ellos representa en el contexto mundial, no dejamos de ver las grandes asimetrías sociales que impedirían resultados comparables.

Es imperioso que nuestra sociedad trabaje con empeño para acabar con las desigualdades que reflejan la realidad en la que vivimos. Es urgente, así, que la educación y la elevación de la calidad de vida de todos los mexicanos, se conviertan en una condición natural que nos permita construir un mismo México para todos. La perseverancia de la discriminación y la corrupción como modelo de vida, constituyen una receta inequívoca al fracaso, en términos de participación ciudadana.

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