Opinión

Extradición y desafuero

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ME. Chapo, sólo una marca del cártel que opera como multinacional.

Ver para creer, el narcotraficante conocido como El Chapo otra vez es noticia y las reacciones no se han hecho esperar en diversas esferas de la administración pública y la clase política, terreno donde los legisladores federales están más que presentes.

El traslado de Joaquín El Chapo Guzmán, del penal del Altiplano, en el Estado de México, al Cefereso 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, es un asunto de seguridad nacional; muchos de estos movimientos se hacen de forma cotidiana “Para garantizar la gobernabilidad de los centros penitenciarios”, declaró Eduardo Guerrero, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación. “Estamos haciendo obras de infraestructura y remodelaciones en El Altiplano y hubo que mover espacios”, agregó el funcionario.

Para el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sólo fue un “sabadazo”. Dijo tener dudas sobre las supuestas medidas de seguridad y consideró que en la reubicación sólo hubo “faramalla” y con ese argumento exigió explicaciones al gobierno federal sobre el traslado, expresión que no sólo muestra mezquindad sino protagonismo de tirarle a todo lo que se mueve.

El gobernador de Chihuahua, Cesar Horacio Duarte Jáquez, hasta se dio el lujo de –en conferencia de prensa– presumir que “este reclusorio es más seguro que el del Altiplano”, lo cual no deja de ser una mera puntada mediática.

Sin embargo, en terreno de mayor seriedad, las fracciones del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados se pronunciaron por la extradición inmediata de El Chapo Guzmán a EU, por considerar que la debilidad institucional del sistema penitenciario de México no garantiza la permanencia del narcotraficante en una celda ni la aplicación de la justicia.

“Nos parece que la circunstancia llama a que se atienda la justicia en el país vecino, a efecto de poder garantizar que haya las sanciones que el derecho establece”, dijo Jorge López Martín a nombre de los diputados federales del PAN.

En entrevista por separado, Xavier Nava, portavoz del grupo parlamentario del PRD, dijo que “dada la debilidad institucional y las condiciones de fragilidad del sistema penitenciario, pues que hagan lo que tengan que hacer, y si la extradición impide una nueva fuga, entonces sí debería concluirse el proceso”.

Pero más allá de la confusión que este traslado haya originado entre la opinión pública, el hecho por sí mismo nos indica que la extradición del El Chapo está, si no a horas, sí a unas semanas. ¿O por qué, justo en este momento, la SRE habría de boletinar que es procedente la extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos y hasta se detalla que podrá ser procesado por el cargo de asociación por importar y poseer con la intención de distribuir cocaína?

Y aunque los tiempos procesales son muy precisos, muy pocos creen que en este caso hay coincidencias y menos cuando desde la PGR se informa que en la Corte del Distrito Sur de California, en San Diego, se emitió una causa penal para solicitar la extradición de Joaquín Guzmán Loera a los Estados Unidos y que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México emitió una opinión jurídica favorable en el referido procedimiento de extradición.

¿Casualidad?, tal vez, pero los que saben aseguran que la nueva celda de El Chapo es un mero acto simbólico de lo que en realidad le espera.
En tanto El Chapo está cada día más cerca de continuar su juicio en otro país, donde el asunto está poniéndose como de historia de telenovela, de esas donde nadie quiere perderse el siguiente capítulo, es en el caso de la supuesta relación que este personaje tuvo o tiene con la diputada local por Sinaloa, Lucero Sánchez, a quien la vox populi la identifica como la Chapodiputada y a quien –por esos nexos– en San Lázaro se le ha iniciado un procedimiento que podría retirarle el fuero para que en su caso enfrente acusaciones de tipo penal por la vía civil.

Y es que aunque Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, informó que este miércoles estará listo el dictamen del posible desafuero de Lucero Sánchez, y aunque nadie sabe cómo será el final de esta historia, la Junta de Coordinación Política de la Cámara estaría a días para hacer la declaratoria correspondiente para solicitar a la Comisión Permanente del Congreso un periodo extraordinario a fin de realizar el juicio de procedencia.

Aunque nos queda claro que en caso de que se apruebe el desafuero, el asunto primero tendrá que pasar por el Congreso de Sinaloa, que es el que decidirá en última instancia si procede o no; si el veredicto es afirmativo, habrá periodo extraordinario para los alegatos correspondientes en la Cámara Baja.

En fin, al parecer el último capítulo de estas historias de extradición y desafuero ya se acerca.