Opinión

Extorsión, al alza

  
1
  

  

[Cuartoscuro] El secretario de Seguridad Pública Municipal lo acusa de amenazas y extorsión.  

La semana pasada el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Víctimización de Empresas 2016 (ENVE). La ENVE 2016 contiene estimaciones de los delitos que afectaron a empresas de todo el país a lo largo de 2015, y sus resultados son representativos a nivel de entidad federativa. Como ha ocurrido con otros indicadores de seguridad publicados en los últimos meses, los resultados de la ENVE no son alentadores. En 2015 el 35.5 por ciento de las empresas fue víctima de al menos un delito, un incremento respecto a 2013 (año para el que se realizó el levantamiento previo de la ENVE) cuando 33.6 por ciento de las empresas fue víctima.

La ENVE contiene varias claves reveladoras sobre la evolución de la delincuencia en los últimos años. Por ejemplo, mientras el costo promedio del delito disminuyó 23 por ciento para las grandes empresas (al pasar de 1.8 a 1.4 millones de pesos de 2013 a 2015), en el caso de las pequeñas empresas dicho costo aumentó 44 por ciento (al pasar de 158 mil a 228 mil pesos). Es decir, los criminales actualmente tienen menor capacidad para dar 'grandes golpes' a grandes empresas, ya sea por cambios en su propia estructura o por las inversiones que las empresas más han realizado para mejorar su vigilancia.

Sin embargo, lo que los criminales han dejado de ganar con las grandes empresas lo han compensado con las pequeñas. Esta mayor dependencia de los criminales respecto a las pequeñas empresas genera, a su vez, nuevos desafíos. Para mantener sus ganancias, los criminales tienen que dar una mayor cantidad de 'pequeños golpes', lo que incrementa los riesgos cotidianos para los propietarios, trabajadores y clientes, y en particular genera un mayor riesgo de violencia. Las pequeñas empresas también tienen un menor acceso a los medios de comunicación y a la atención de las autoridades, lo que favorece que una crisis de inseguridad, incluso si afecta a un sector completo de la economía en una región, pase desapercibida.

Al observar las cifras agregadas, Baja California aparece como la entidad donde un mayor porcentaje de las empresas ha sido víctima de la delincuencia: 48.4 por ciento reportó al menos un delito durante 2015. Le sigue Sonora, con 46.4 por ciento. Sin embargo, la prevalencia delictiva total es un indicador que puede resultar engañoso. De las empresas que reportaron algún delito en Baja California, la mitad fueron víctimas de 'robo hormiga' (una actividad que indudablemente genera costos significativos, pero que difícilmente pone en riesgo la viabilidad de un negocio y que, por definición, no es violenta). La prevalencia de extorsión –un delito más invasivo y de mayor riesgo– ofrece un panorama más ilustrativo. De acuerdo con la ENVE, la extorsión a empresas aumentó 34 por ciento de 2013 a 2015 y, a nivel nacional, 6.6 por ciento de las empresas fue víctima de dicho delito durante 2015. Este es el resultado arrojado por la ENVE 2016 que tiene implicaciones más graves. Hay cuatro estados donde la prevalencia de extorsión entre las empresas fue superior a 10 por ciento: Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Morelos. De forma poco sorprendente, Guerrero encabeza el cuadro de honor: 14.3 por ciento de sus empresas fueron extorsionadas durante 2015.

La definición de extorsión de la ENVE es amplia. Incluye amenazas, presiones o engaños por cualquier medio para exigir dinero, bienes, o que el negocio haga o deje de hacer algo. Sin embargo, es importante destacar que la extorsión a negocios no es sólo cuestión de llamadas telefónicas malintencionadas y relativamente inocuas. Al menos en los estados donde este delito está más extendido, las amenazas también ocurren de forma personal, y las represalias contra quienes no colaboran suelen ser draconianas (el incendio del negocio es tal vez la más benigna). Esta extorsión 'presencial' es uno de los delitos que más debería preocupar a las autoridades, pues garantiza un flujo constante de recursos que el crimen organizado puede reinvertir para comprar más vehículos y más armas, y –sobre todo– la voluntad de más funcionarios en las policías y los ministerios públicos. En varias regiones del país los criminales mantienen, para cualquier efecto práctico, su propio sistema tributario.

La ENVE 2016 confirma la gravedad que la extorsión ha alcanzado como amenaza a la paz y a la economía de regiones enteras. Desafortunadamente, la extorsión, en sus modalidades presenciales al menos, no ha sido una prioridad dentro de la estrategia de seguridad del gobierno federal (a diferencia del secuestro, por ejemplo). Una de las razones es que las víctimas no hablan de este delito, pues está de por medio la viabilidad de un negocio (que generalmente no se puede reubicar), de sus trabajadores y sus dueños. Otra razón es que la extorsión presencial tiene infinidad de variantes y modalidades. Aunque lo habitual es el pago de una suma en efectivo, las mafias también pueden imponerse como proveedores (por ejemplo, obligan a las gasolineras a comprarles combustible robado).

Finalmente, la principal razón por la que la extorsión presencial no se combate es porque, ahí donde su incidencia es alta, casi invariablemente hay colusión de la Policía y del Ministerio Púbico.

Twitter: @laloguerrero

También te puede interesar:
Guerrero, emergencia y acuerdo político
Trump y México, dos riesgos
El político y el fiscal general